Fue el pasado 13 de mayo cuando se puso en efecto un dictamen arrojado por el Tribunal de Familia de Calama: que los alumnos de 8° o 4° medio del liceo Jorge Alessandri no podrían utilizar celulares ni aparatos de características similares al interior del establecimiento.
La medida llegó como un intento de dar punto final al ciberbullying, que ya había afectado a la institución y que, en el último caso, terminó con dos alumnas que protagonizaron una riña en el patio, la que después fue profusamente difundida en redes sociales.
"Estamos teniendo muchos problemas a nivel escolar, porque (el ciberbullying) es un tipo de violencia muy cobarde y que persigue al alumno más allá del horario de clases. Es una acción que tenemos que combatir de manera muy decidida", dijo en la oportunidad la ministra de Educación, Marcela Cubillos, que respaldó la iniciativa.
A un mes de su implementación, la dirección del establecimiento, el cuerpo docente e incluso el centro de alumnos se muestran conformes. "La medida ha sido un éxito", explicó a El Mercurio de Calama el juez titular del Juzgado de Familia, Jorge Saavedra.
"Del total de alumnos con prohibición, el 95% cumple con la medida (...) Ha servido sobre todo para retomar las relaciones escolares y la comunicación en los recreos. Ha sido una buena recepción tanto de alumnos y apoderados", añadió.
A pesar de la tendencia mayoritaria, existe un grupo de 38 alumnos, correspondientes al 5% restante de los estudiantes con prohibición, que no han acatado la instrucción y que deberán, a partir de este martes, asistir con sus apoderados a audiencias en el Tribunal de Familia.
"Vamos a analizar caso a caso, para ver la magnitud de la infracción, junto con los antecedentes de cada niño, ya sea su comportamiento académico y escolar para decidir qué hacer y buscar las medidas más apropiadas", señaló el juez.
Las sanciones serán analizadas "dependiendo del grado de desobediencia del alumno, junto con sus antecedentes académicos" y consideran aplicar el reglamento escolar, hacer efectiva la responsabilidad parental en caso de que exista e incluso aplicar multas si la situación es "grave".
