SANTIAGO.- El pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó una
investigación administrativa respecto de los 31 juzgados civiles, ante
eventuales irregularidades en la designación de personas para que actúen en ciertas causas como administradores de los bienes a dividir entre la sucesión o bien como jueces partidores en las mismas, "
durante los años 2016, 2017, 2018 y lo que va del año actual", consigna la resolución del tribunal de alzada capitalino. Las posibles irregularidades fueron denunciadas en mayo por el Colegio de Abogados, a través de un oficio dirigido al presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito.