SANTIAGO.- El caso partió el 28 de mayo del año pasado, cuando personal de Carabineros revisaron, en medio de un control vehicular, el maletero del auto en el que viajaban dos sujetos en la comuna de El Tabo.
Al interior de un bolso hallaron dos revólveres con encargo de robo, una pistola, 190 cartuchos y cuatro millones $162 mil en efectivo.
Los sujetos fueron detenidos y llevados ante tribunales, donde el juez de Garantía de San Antonio Juan Pablo Flores declaró ilegal la aprehensión al considerar que los policías actuaron sin que existiera indicio de delito; la prueba había sido obtenida en forma ilegal.
La situación generó la molestia del Gobierno, desde donde se presentó una querella y un recurso de queja contra el magistrado.
Ya a más de un año de ello, el Tribunal Oral en lo Penal de San Antonio hizo suyo el criterio del magistrado y absolvió a los acusados Manuel Olivares (57) y Nilson Cerda (27) de los cargos de porte ilegal de arma de fuego, porte de arma de fuego prohibida y porte de municiones y receptación, tras estimar que la prueba fue obtenida vulnerando la "libertad ambulatoria y el debido proceso".
"Nosotros respetamos los fallos judiciales y los acatamos como corresponde en un Estado de Derecho, pero eso no significa compartirlos", señaló ante el nuevo escenario el ministro del Interior, Andrés Chadwick.
El secretario de Estado sostuvo no estar de acuerdo con "la interpretación judicial que se ha dado" y que "ha permitido que dos personas vinculadas al narcotráfico que fueron sorprendidas por carabineros con vidrios polarizados y teniendo un arsenal en su automóvil puedan quedar en libertad como quedaron en su momento cuando procedía la detención, y después una sentencia los absuelvan".
Chadwick recordó además que ambos sujetos se encuentran privados de libertad por otras causas en Rancagua, relacionadas con porte de armas y munición y tráfico de drogas.
"Entonces sí, estoy en discrepancia con la sentencia del tribunal de San Antonio. La respetamos obviamente, pero en nuestra lucha con el narcotráfico necesitamos tener legislaciones que no estén sujetas a estas interpretaciones y por eso hemos enviado una modificación legal, a raíz precisamente de este caso, para efectos de ampliar lo que es el control preventivo de identidad", concluyó.
Dicha iniciativa, por su parte, busca, entre otras cosas, que la herramienta sea aplicada a partir de los 14 años.
