El río fue visitado por el ex canciller Roberto Ampuero en enero de este año.
El Mercurio/Archivo
SANTIAGO.- La Cancillería informó esta tarde que la Corte Internacional de Justicia notificó a Chile que tiene plazo hasta el 18 de septiembre de este año para presentar un escrito adicional, referido a la contrademanda de Bolivia en el caso sobre el estatus y usos de las aguas del Silala.
En el proceso, La Paz ha presentado sus argumentos de manera escrita en dos oportunidades: en la presentación de ésta como en su dúplica. Mientras que Chile lo hizo en su réplica, por lo que con este escrito adicional solicitado por Chile, y dispuesto por la Corte, las partes "habrán tenido la misma oportunidad para presentar sus argumentos en el juicio".
Esto, explicó el ministerio que encabeza el canciller Teodoro Ribera, conforme al artículo 80 (2) del Reglamento de la Corte, "que establece el derecho de que, en casos de contrademandas, ambas partes tengan las mismas oportunidades para presentar sus argumentos escritos".
Una vez que Santiago presente el escrito, el litigio quedaría en condición de pasar a la fase oral, etapa en la que -de acuerdo a las normas de la Corte- todos los antecedentes presentados de manera escrita dejan de tener carácter reservado, de acuerdo a RR.EE.
El caso Silala fue iniciado por Chile el 6 de junio de 2016. En su presentación, solicitó al tribunal que declare que el río es un curso de agua internacional, cuyo uso se rige por el derecho internacional consuetudinario.
2016año en que Chile inició el caso
Además, que tiene derecho al uso equitativo y razonable de las aguas y que, bajo el principio de utilización equitativa y razonable, posee derecho al uso que actualmente hace de sus aguas.
Asimismo solicitó que la Corte con sede en La Haya establezca que Bolivia tiene la obligación de tomar todas las medidas apropiadas para prevenir y controlar la contaminación y otras formas de daño a Chile que resulten de sus actividades en las cercanías del Silala; y que declare la obligación del país vecino de cooperar y proporcionar una notificación oportuna de medidas planificadas que pudiesen tener un efecto negativo sobre recursos hídricos compartidos del sistema del río.
"Chile inició este caso como una forma de resguardar sus derechos, ante la aseveración por parte de Bolivia de que Chile estaba robando las aguas del Silala", señaló la Cancillería.
