SANTIAGO.- Casi tres horas duraron los alegatos realizados ante el Pleno de la Corte Suprema por la remoción de los tres suspendidos ministros de Rancagua, Emilio Elgueta, Marcelo Albornoz y Marcelo Vásquez.
La instancia fue llevada a cabo luego de que a fines de mayo la ministra suprema a cargo del caso, Rosa María Maggi, entregara el informe final de su investigación contra los magistrados de alzada y donde se imputaron una serie de hechos relacionados con la tramitación de nombramientos, entrega de información a un imputado cercano, entre otros hechos; sugiriendo por ello aplicar la medida disciplinaria máxima, que son cuatro meses de suspensión, e iniciar el proceso para salida definitiva de los cuestionados.
La audiencia en cuestión contó con la exposición de las defensas de los ministros, quienes pidieron la absolución de sus representados.
Oídos los argumentos, los integrantes de la Suprema decidieron dejar la causa en estudio, agendando para dos semanas más un Pleno en el que discutirán y deliberarán la situación.
"La reunión del tribunal Pleno para decidir se efectuará en el curso de la semana subsiguiente y no en la próxima, porque no estará el tribunal completo ya que al menos uno de sus integrantes tendrá que incorporarse en actividades en el extranjero", informó el ministro vocero Lamberto Cisternas.
El supremo también indicó que las resoluciones a adoptar "son múltiples", siendo algunas que se confirme lo planteado por Maggi, como también que los indagados resulten absueltos o que a algunos se apliquen ciertas medidas.
Imputaciones y defensa
En el caso de Marcelo Vásquez, Maggi lo halló responsable de irregularidades por haber nombrado su hija en un cargo de su jurisdicción; haber prestado consejo al médico Luis Arenas -condenado en 2018 a una pena de dos años por suministrar recetas de psicotrópicos a una red de tráfico de estupefacientes- a sabiendas del incumplimiento de una medida cautelar, y por haber modificado, en su calidad de presidente del tribunal de alzada, la integración de una Sala de la Corte sin justificación ni motivo legal.
Ante la situación, su defensa, Isidro Solís, aludió a "un error de derecho" respecto a la situación de la hija de su representado, ya que la que normativa citada por el caso no aplicaría a cargos suplentes, criticando además una falta de congruencia al haberse liberado de cargos a otros involucrados en los nombramientos.
En cuanto a los cambios de integraciones, sostuvo que estas cambian diariamente por distintas razones y que la Corte instauró el criterio que cada sala debía contar con dos ministros integrantes. En solo un año, precisó, Vásquez integró salas en 55 oportunidades, preguntando por qué el resto no son cuestionadas.
Y respecto a Arenas señaló que Rancagua "es una ciudad pequeña" donde hay un solo un geriatra que es Arenas, razón por la que es conocido. También que los dos consejos grabados y a los que alude en la imputación, dicen relación con recomendar a un abogado y con que el médico cumpliera las medidas cautelares dictadas. Recordó también que dicha indagatoria proviene de una investigación de los suspendidos fiscal Sergio Moya y persecutor regional de O'Higgins Emiliano Arias, cuya verosimilitud cuestionó.
En tanto a Emilio Elgueta, Maggi le atribuyó intervenir en un recurso de protección de Arenas, proporcionándole información de la causa; haberse comunicado con abogados y partes litigantes de siete causas; haber solicitado al fiscal Arias, designar en un cargo a su ex cónyuge y a una ex alumna; haber exigido la designación de otra alumna en un cargo en el Primer Juzgado civil de Rancagua mediante presiones; y haber requerido y aceptado la suma de $1 millón de un juez que fue sobreseído.
"La reunión del tribunal Pleno para decidir se efectuará en el curso de la semana subsiguiente y no en la próxima semana porque no estará el tribunal completo".
Ministro vocero de la Suprema, Lamberto Cisternas
En su caso, su abogado, Igor Barrera, señaló que, si bien pudo pedir el nombramiento de su ex cónyuge o alumna, Elgueta no tenía facultades para exigir. Prueba de ello es que estas no hubiesen sido contratadas. Indicó también que el préstamo aludido se da en el marco de "amistad, hermandad de logia", y ante una ofrecimiento.
Por último Marcelo Albornoz es el que cuenta con menos cargos del grupo. En su caso, se le imputó el haber solicitado un préstamo de $1,5 millones a Arenas. La entrega de este dinero se concretó mientras se tramitaba una causa del facultativo y él era juez de garantía, además de ministro suplente de la Corte de Rancagua. Sobre la situación, su defensa, Gonzalo Linasazoro, señaló que "tal vez fue impudente en solicitar" el dinero" "pero no es una falta administrativa grave".
