El Presidente Sebastián Piñera junto al ministro de Vivienda, Cristián Monckeberg, presentó esta mañana un proyecto de ley para modernizar la ley de arriendo, creada en 1982, y así evitar abusos en los contratos de arriendo.
"Este proyecto de ley lo que buscar es hacer justicia en el mercado de arriendos. Todos los años hay cerca de 20 mil juicios por arrendamiento que demoran en promedio más de ocho meses y eso produce un daño muy grande a ambas partes y por esa razón lo que busca es terminar con los abusos y agilizar los procesos para que la justicia pueda volver a reinar", manifestó el Mandatario al respecto.
Además, explicó que la iniciativa propone "agilizar los procesos judiciales para que no se demoren meses y meses y crea un mecanismo mucho más expedito".
En segundo lugar, añadió, "también buscar
simplificar los trámites asociados a estos juicios, que no requieran siempre abogados, que se puedan hacer en forma verbal, que la propia persona pueda presentar su caso frente al juez".
A continuación, el jefe de Estado detalló que el proyecto pretende que "las personas que arriendan o que entregan en arriendo, cumplan con los estándares que establece la ordenanza general de Urbanismo y Construcción".
"Hemos visto muchas piezas o viviendas que se arriendan sin ningún mecanismo de seguridad, sin ningún mecanismo de salubridad y eso también es una forma de abuso", complementó Piñera.
Finalmente, regulará el subarriendo: "Cuando una persona arrienda su propiedad a otra persona es porque confía en esa persona, hoy día lely permite que esa otra persona pueda subarrendarla a cualquiera, lo que establece este proyecto de ley es que el subarriendo sólo se permite cuando está expresamente contemplado en el contrato".
Los cambios
En concreto, la iniciativa propone agilizar los procesos de solución de controversias y restitución del inmueble en el caso de arrendatario morosos. Además, busca acelerar la notificación de las demandas de arrendamiento y permitir que un juez entregue en forma anticipada la propiedad a su dueño.
Otro avance es que se fija un plazo de 10 días para dictar sentencia, se acelera su cumplimiento y se facilita el procedimiento para que las deudas por servicios básicos queden asociadas a los arrendatarios, de tal forma de evitar que un propietario deba pagar deudas que no le pertenecen.
500.000viviendas están entregadas en arriendo en el país
La iniciativa también incluye que se
puedan efectuar demandas, sin abogado de por medio, si el valor mensual del arriendo llega hasta las 8 UTM ($400 mil aprox.), lo que representará un ahorro relevante para los afectados.
Junto con ello, se establecerá una protección para los arrendatarios, y las viviendas deberán cumplir con el estándar que exige la ordenanza general de urbanismo y construcciones, con multas de no cumplimiento entre 5 y 100 UTM ($250 mil aprox. a $5.000.000 aprox.)
Finalmente, las garantías en los contratos de arrendamiento no podrán ser superior a dos rentas mensuales y deberán ser restituidas dentro de los 60 días a partir de la restitución del inmueble y que, de realizarse descuentos en su devolución, deberán justificarse y documentar los gastos que lo motivaron.
