La emergencia que tuvo en vilo por 10 días a la ciudad de Osorno llegó a su fin este domingo, y ahora es momento de empezar a sacar cuentas.
El derrame de hidrocarburos en la fuente de captación de agua de la empresa Essal dejó en evidencia una serie de falencias, tanto a nivel de exigencias como de fiscalización, y que permitieron que la crisis se extendiera por más de una semana y dejara sin suministro a cerca de 200 mil personas.
El presidente de la comisión de Medio Ambiente del Senado, Guido Girardi (PPD), aseguró a Emol que el evento "deja al descubierto muchas situaciones anómalas", y apunta directamente contra la compañía sanitaria por lo que, a su juicio, fue una "negligencia", "irresponsabilidad" y una "impericia".
"Aquí hay tres omisiones. La de la empresa, que instaló un estanque de combustible al lado de una fuente de agua; la de de quienes apoyaron este proyecto; y la de quienes fiscalizaron", sostuvo.
"Acá tenemos un sistema de fiscalización totalmente superficial, irrelevante. Por ejemplo, la empresa ha tenido 85 procesos sancionatorios entre el 2014 y el 2018. Además, tiene el agravante de haber contaminado el Lago Llanquihue con fecas, y lo mismo ocurrió en el río de Los Muermos. Y la empresa sigue como si nada ha pasado", agregó.
Debido a esto, Girardi anunció que presentará indicaciones al proyecto que castiga los delitos medioambientales -que actualmente está siendo tramitado en el Congreso-, para que se endurezcan las penas para las empresas sanitarias que cometan faltas graves.
infracciones reiteradas, generar una grave contaminación -como sucedió en el Llanquihue- o provocar un grave daño a la salud de la personas".
Guido Girardi, senador PPD: "La caducación de la concesión tiene que ser por tres causales
"La idea es que las penas de cárcel sean altísimas para quien, por ejemplo, en una sanitaria genere eventos de contaminación y daños como este. Si hay una sanción penal extraordinaria y específica para ese delito, una pena agravada, yo no sé si a los gerentes les va a seguir dando lo mismo. Te aseguro que no les va a dar lo mismo", afirmó.
Dentro de las indicaciones, el parlamentario PPD buscará establecer con claridad las razones para que una empresa de este tipo pierda la concesión del Estado, proceso que hoy en día requiere del respaldo del Presidente de la República.
"La caducación de la concesión tiene que ser por tres causales: infracciones reiteradas, generar una grave contaminación -como sucedió en el Llanquihue- o provocar un grave daño a la salud de la personas", explicó.
Además, Girardi anunció que citará a la comisión de Medio Ambiente de la Cámara Alta al Superintendente (s) de Servicios Sanitarios, Jorge Rivas, y a la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, para que expliquen los detalles de lo ocurrido en la ciudad de Los Lagos y para iniciar un proceso de fiscalización de todas las sanitarias a lo largo del país.
"El Estado debería administrar el agua"
Otro de los parlamentarios que ha seguido de cerca la emergencia en Osorno es Rabindranath Quinteros (PS), senador por Los Lagos, quien en conversación con este medio coincide con Girardi en que hay que modificar la normativa respecto a los servicios sanitarios.
"Esto deja muchas lecciones. Lo que hay que hacer sí o sí es profundizar la legislación y las medidas de fiscalización de estas empresas. No puede ser que esto vuelva a ocurrir en ninguna empresa que administra el agua potable", aseguró.
A su juicio, "las empresas privadas prefieren pagar las multas que hacer las correcciones que corresponde", por lo que se abrió a la posibilidad de que sea el Estado quien se haga cargo de suministrar agua potable a la población.
"La legislación hay que actualizarla. Cuando se concesionó el agua potable en nuestro país, Chile era otro, no estaba en las condiciones que está hoy día. Ahora este país está en condiciones de administrar por sí sólo, y sobre todo con el cambio climático, las aguas de nuestro país", expuso.
"Debemos entender que los elementos básicos, como el agua, es muy peligroso tenerlos en manos privadas", complementó.
