SANTIAGO.- Los suspendidos ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua Emilio Elgueta y Marcelo Vásquez -Marcelo Albornoz fue sobreseído tras su deceso- han estado en el ojo del huracán de manera ininterrumpida durante los últimos meses.
El Poder Judicial inició en diciembre de 2018 una investigación interna contra los tres a raíz de una serie de irregularidades, la cual terminó con la imputación de una serie de cargos, además de la apertura de cuadernos de remoción.
Hasta el momento, y desde el ala penal, Elgueta ha sido el único llevado ante tribunales para enfrentar cargos por enriquecimiento ilícito, prevaricación, nombramientos ilegales, cohecho y tráfico de influencias.
Las investigaciones implicaron que los dos jueces que siguen en la mira -Albornoz falleció a principios de mes- debieran concurrir a distintas instancias, ya sea en el ámbito penal, constitucional o interno, contando para ello con diversos abogados, entre los que se encuentran un ex ministro de Justicia y una ex defensora nacional.
Emilio Elgueta
El único magistrado formalizado, Emilio Elgueta, cuenta con un equipo multidisciplinario que lo representa en distintas instancias.
En lo penal, por ejemplo, ha sido la abogada Blanca Rebolledo quien lo defendió durante las dos audiencias de imputación de cargos llevadas a cabo ante el Juzgado de Garantía de Rancagua.
Ante el Tribunal Constitucional (TC), en tanto, la representación en estrado a raíz de la presentación de un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad -que finalmente no fue acogido a trámite- la encabezó Tábata Recabarren.
La litigante ad honorem se encuentra radicada en Puerto Montt y fue alumna del magistrado mientras cursaba sus estudios en la Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación (UNIACC) en Santiago.
Recabarren posee estudios de especialización en distintas áreas, contando con un diplomada en postítulo en Litigación Penal Estratégica y un diplomado en Derecho Penal, ambos en la Universidad Alberto Hurtado, además de un curso de Responsabilidad Penal de la Empresa, entre otros. Viaja a la capital solo para tratar temas ligados al caso de Elgueta.
En el ámbito administrativo, fue el abogado Igor Barrera, titulado de la Universidad Finis Terrae y con un magíster en Gestión de Negocios en la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), quien asumió la defensa del magistrado.
Marcelo Vásquez
Marcelo Vásquez, por su parte, compareció ante Ministerio Público en abril de este año para manifestar intenciones de cooperar en la investigación. En dicha diligencia, lo acompañó la ex defensora nacional, ex presidenta de la Asociación de Abogadas de Chile y ex Miembro del Consejo Consultivo del INDH, Paula Vial.
La abogada de la UC y postitulada en criminología de la misma universidad, es magíster en derecho y candidata a Doctora en Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid, contando además con una serie de diplomados.
También ha hecho cursos en España de formación especializada en Acceso a la Justicia en Iberoamérica, y actualmente se desempeña como profesora en su casa de estudios.
Entre las personas que ha representado se encuentran el cineasta Nicolás López y la ex ministra Javiera Blanco.
En el ala administrativa, la defensa de Vásquez ante la Corte Suprema por el sumario iniciado la llevó a cabo el ex ministro de Justicia y ex director de Gendarmería, Isidro Solis.
En el currículum del titulado de la U. de Chile se registra también su paso como Jefe de la División Ejecutiva de la Secretaría General de la Presidencia, la jefatura de la Dirección Nacional de Seguridad Pública e Informaciones, y la subsecretaría de Minería y Aviación.
Tanto Solís, como su socio Alejandro Usen, cuentan con el patrocinio para alegar ante el TC por el requerimiento de inconstitucionalidad que el magistrado presentó esta semana respecto al proceso interno llevado en su contra.
Usen, por su parte, es egresado de la U. Diego Portales, magíster en derecho constitucional y diplomado en contratación pública. Cuenta con diploma en derechos fundamentales y globalización, de la Universidad Complutense de Madrid, y la especialidad en derecho constitucional y administrativo, general y especial.
