SANTIAGO.- Durante una reunión con los senadores de Chile Vamos realizada la noche de este martes, el Presidente Sebastián Piñera abordó la necesidad de impulsar la serie de acuerdos que anunció en su última Cuenta Pública para fortalecer las instituciones, mencionado entre ellos la posibilidad de poner fin al fuero parlamentario.
Dicha prerrogativa es un privilegio establecido en la Constitución que permite que un diputado o senador no pueda ser procesado o privado instantáneamente de su libertad sin que antes exista un pronunciamiento de la Corte de Apelaciones respectiva, a menos que se trate de un delito flagrante.
Esa medida, que fue creada para preservar la independencia del Congreso, hoy es vista con recelo, ya que a juicio de algunos legisladores
viola de alguna forma el principio de igualdad ante la ley, ya que los parlamentarios no enfrentan a la justicia tal como lo hacen los ciudadanos comunes.
En medio de ese debate, vale la pena recordar las ocasiones en las que diputados y senadores han tenido que enfrentar juicios de desafuero desde 1990 a la fecha, los cuales en su mayoría han sido desechados en las distintas instancias judiciales, siendo una minoría los que han tenido que afrontar los tribunales y cumplir condenas.
En general, los temas más recurrentes han sido corrupción, financiamiento irregular de la política e injurias y calumnias, entre otros. Los más destacados han sido el caso Coimas en 2003, que dejó a cuatro diputados desaforados por más de tres años y el caso Penta y SQM, que desde 2015 sigue siendo dirimido en tribunales.
De hecho, hace solo unas semanas, el Tribunal Constitucional (TC) falló a favor del senador DC, Jorge Pizarro, con lo cual la fiscalía no podrá insistir en su desafuero ante la Corte Suprema, luego de atribuirle delitos tributarios por presentar una declaración maliciosamente incompleta de impuestos y facilitar boletas ideológicamente falsas.
Lo mismo vivió el ex senador del PS,
Fulvio Rossi, quien en marzo de 2018 vio cómo la Corte Suprema revocó su desafuero, señalando la inexistencia de dolo en el marco del caso SQM sobre financiamiento irregular de campañas. En mayo pasado, el tribunal sentenció su sobreseimiento definitivo.
Una situación distinta ocurrió con el senador UDI Iván Moreira, luego de que el máximo tribunal aprobara en noviembre de 2017 su desafuero por su rol en el caso Penta. Sin embargo, pese a quedar suspendido por algunos meses de su función parlamentaria, fue sobreseído definitivamente en febrero de este año.
Otro diputado vinculado al caso Penta fue Felipe De Mussy (UDI), formalizado en 2015 por la supuesta emisión de dos boletas falsas de cerca de $7,2 millones, de parte de su equipo de campaña a Penta. Sin embargo, la Corte de Apelaciones rechazó su desafuero en el marco de esta investigación.
Quién tuvo una suerte distinta fue el ex senador gremialista Jaime Orpis, quien fue desaforado en abril de 2016 por su participación en el caso Corpesca y luego juzgado culpable por delitos tributarios y de cohecho, quedando con arresto domiciliario.
Otros casos destacados
Otra fórmula para pedir el desafuero de un parlamentario es acusarlo por injurias y calumnias. Un ejemplo de ello es el diputado Ignacio Urrutia (ex UDI), quien fue denunciado por calificar de "terroristas" a víctimas del régimen militar que figuran en las nóminas de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos en el Informe de Verdad y Reconciliación de 1991.
Pese a que la Corte de Apelaciones de Valparaíso había acogido su pérdida de inmunidad parlamentaria, el Corte Suprema se la restituyó. En tanto, en 2016, Gaspar Rivas (IND) fue desaforado tras la querella que presentó en su contra el empresario Andrónico Luksic por el delito de injurias graves con publicidad.
Más atrás en el tiempo, también aparecen los casos del senador
Carlos Bianchi (IND), desaforado y luego absuelto del delito de fraude al fisco, el del ex diputado
Rosauro Martínez (RN), enjuiciado por su participación en el caso de violaciones a los DD.HH. en Neltume durante la dictadura, y el de
René Alinco, quien en 2010 fue condenado a 41 días de pena efectiva por negarse a hacerse una alcoholemia.
En la lista de quienes salieron airosos del proceso de desafuero aparecen Christian Urízar (PS), Marcelo Chávez (DC), Gustavo Hasbún (UDI), Jorge Sabag (DC) y Cristina Girardi (PPD). En todos estos casos tanto la Corte de Apelaciones como la Corte Suprema rechazaron desaforarlos, lo que produce la calidad jurídica de "sobreseimiento definitivo", según estipula la ley.
Una investigación que dejó varios desaforados fue el caso Coimas, en 2003. En ese proceso, cayeron los diputados Cristián Pareto (DC), Jaime Enrique Jiménez (DC), Víctor Manuel Rebolledo (PPD) y Eduardo Lagos (PR) quienes no regresaron al parlamento. En tanto, el entonces diputado Juan Pablo Letelier (PS) fue detenido y luego sobreseído.
Otros emblemáticos fueron el del ex senador DC Jorge Lavandero, condenado a 5 años por abusos sexuales a menores, el del ex senador de la UCC, Francisco Javier Errázuriz, condenado a 100 días de presidio, por agredir a un abogado de Endesa y el ex diputado UDI, Mario Escobar, condenado a 300 días de pena remitida por estafa.
42días en prisión preventiva estuvo Augusto Pinochet tras ser desaforado en 2001.
También figura el juicio realizado en contra de la ex diputada PPD
Laura Soto, quien fue involucrada en las irregularidades en los Programas de Generación de Empleo de la V Región y terminó absuelta. Misma suerte corrió la diputada de RN
Amelia Herrera, acusada por estafa y cohecho y estuvo desaforada por un año.
Finalmente, aparece el caso de Augusto Pinochet, quizás el juicio de desafuero más relevante de los últimos 30 años. Luego de su regreso desde Londres, donde fue detenido por casos de violaciones a los DD.HH., el ex comandante en jefe del Ejército tuvo que enfrentar a la justicia, siendo despojado de su privilegio como senador.
El 5 de junio del 2000, por 13 votos a 9, la Corte de Apelaciones lo desaforó, luego de acreditar que Pinochet delegó funciones en el caso Caravana de la Muerte. Luego, el 8 de agosto del 2000, la Corte Suprema ratificó la decisión y permitió que se le investigara por secuestro, homicidios, inhumaciones ilegales y asociación ilícita.
El 1 de diciembre del 2000, Pinochet fue procesado como autor de 57 homicidios y 18 secuestros, pero la resolución fue anulada vía recurso de amparo. En 2001 se le hicieron exámenes mentales, los cuales determinaron que Pinochet padecía senil, lo cual no impidió que estuviera 42 días en prisión preventiva. Finalmente fue sobreseído.
