SANTIAGO.- Suspender la consulta indígena por 45 días fue la decisión aplicada el pasado 25 de julio por el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, con el fin de evaluar la primera etapa del proceso cuyo objetivo final es reformar la actual ley que rige a los pueblos originarios.
Y si bien la iniciativa solo logró completar su primera fase de planificación, restando otros cuatro pasos más por ejecutar, en los pocos meses que estuvo en marcha concitó críticas no sólo de las comunidades y de la oposición, sino que también del propio oficialismo.
Es que el diagnóstico parece ser compartido y apunta a que la consulta iniciada el pasado 22 mayo con el ministro Alfredo Moreno a cargo, tuvo deficiencias en lo que respecta a su difusión, la elaboración de las 11 medidas a consultar y la participación por igual de los nueve pueblos originarios, entre otras cosas.
Diálogo con las comunidades
El tema fue abordado el lunes en el comité político ampliado en La Moneda, instancia durante la cual el Gobierno hizo una autocrítica ante Chile Vamos respecto a la forma en que se condujo el proceso, el que para algunos partió mal desde su inicio.
Para el diputado UDI Renzo Trisotti en estos 45 días, "hay que hacer una reevaluación profunda, no cerrándose a suspenderla definitivamente, con el objetivo de poder reiniciar un nuevo trato, de reforzar las confianzas con las comunidades indígenas y poder consensuar los temas que son necesarios modificar dado las dificultades que ha generado su aplicación práctica".
Asimismo, Trisotti indicó que "uno de los temas fundamentales es mejorar la información, reforzar la comunicación y sobre todo además que sean temas que sean atingentes y atendibles por los distintos pueblos no sólo en su origen, sino que en la consecuencia de ese cambio (…) se requiere un trabajo muy de la mano entre el Gobierno y los distintos pueblos originarios".
En ese sentido, el diputado DC Mario Venegas dijo que, según lo que le han transmitido las comunidades en su distrito, "no hubo una consulta directamente a los pueblos acerca del contenido, el principio de buena fe que está en el marco del Convenio 169 (de la OIT) no se estaría respetando, porque tendrían que haberles preguntado acerca de las cuáles eran las materias que ellos querían modificar en la ley (…) Por otra lado, hubo problemas de forma en la implementación por todos conocida, que no hubo la debida información, participación, los lugares e incluso intentos de manipulación que se han denunciado".
Más allá del pueblo mapuche
Otro problema que pudieron identificar en la consulta indígena, fue que el proceso estuviese muy concentrado en el pueblo mapuche, en detrimento de las otras etnias.
El diputado de RN Miguel Mellado, señaló que "hay cosas que hay que mejorar, por ejemplo, sí los once puntos son importantes, están explicados y redactados de la manera que se pueda entender bien, por qué algunos pueden llamar a entender de manera distinta por parte de las comunidades. También la idea es que estén representadas todas las etnias, las nueve, esta consulta no sólo es para el pueblo mapuche, es para todas las etnias del país. Creo que es importante eso dejarlo claro".
Pero Mellado también hizo mención a otro punto que dificultó el proceso y que incluso llevó al Gobierno a suspenderlo en su momento en algunas comunas, con el fin de reforzar la seguridad. Y tras lo cual uno de los llamados de Chile Vamos ha sido no ceder ante los violentistas.
"Si esas comunidades que en forma violenta no dejaron que otras comunidades escucharan y pudieran participar en la consulta, yo quiero saber si esas personas no quieren conversar de nada o efectivamente los 11 puntos no les gustaron o están malos (…) si no quieren ninguno y no quieren consulta de nada, eso quiere decir que no quieren el 169 de la OIT", acotó el diputado RN.
Una mirada distinta tiene la diputada del PS Emilia Nuyado, quien preside la comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara, a su juicio, el Ejecutivo actuó de forma "arbitraria" desde el inicio. Pasada ya la evaluación, la parlamentaria cree que "lo que requerimos es que ésta (consulta) sea retirada definitivamente. Se tiene que iniciar un proceso de diálogo que el Gobierno no hizo y que a lo mejor el ministro Sichel tampoco quiere hacer".
"No es que esta se tenga que hacer (la consulta), porque haya mala difusión o porque como el Gobierno dice 'la vamos a suspender, porque se generaron ciertos actos de violencia', no tiene que ver con eso, lo que hubo fue resistencia a la arbitrariedad del Gobierno de querer ingresar de manera impositiva esta consulta", concluyó Nuyado.
Pero más allá de las distintas opiniones, el futuro de la consulta indígena aún es incierto, siendo hasta ahora lo único claro la decisión del Ejecutivo de reevaluar el proceso hasta el próximo 7 de septiembre.
