El Hospital Barros Luco fue el lugar donde ocurrió la más reciente agresión.
El Mercurio/Archivo
SANTIAGO.- Un sombrío balance sobre las agresiones a funcionarios de la salud pública dio a conocer esta mañana el ministro Jaime Mañalich, cifras que se revelan luego del último episodio ocurrido en el Hospital Barros Luco el viernes pasado.
Aquella jornada, un paciente increpó a una doctora lo que alteró los ánimos en el recinto, asistencial motivando la llegada de Carabineros que los detuvo a ambos; acción policial que desató el malestar de los funcionarios.
"Llevamos 292 agresiones contra funcionarios de la salud este año", manifestó el titular del Minsal en su cuenta de Twitter. Si no se considera lo que va de agosto (seis días), estos actos promedian 42 por cada mes.
Dado este escenario, llamó al Congreso a apurar el proyecto de ley que eleva las sanciones a este tipo de conductas y que "está con discusión inmediata" en su segundo trámite constitucional, tras ser aprobada en la Cámara de Diputados.
La iniciativa -que está en la Comisión de Legislación, Constitución, Justicia y Reglamento del Senado- fue presentada durante la gestión del ex ministro Emilio Santelices, en enero pasado, y propone cuatro medidas: tipificar el delito de maltrato de obra a los trabajadores de la salud; garantizar el derecho a defensa jurídica y establecer la presunción de veracidad para quienes han sido víctimas de agresiones; aumentar las penas, al considerar como un agravante de responsabilidad penal que los delitos sean contra funcionarios de la salud.
60%de los funcionarios de servicios de salud del país manifestó haber sido víctima de amenazas, agresiones verbales o físicas el año pasado.
Y, además, crear un registro de agresores, lo cual facultará a los establecimientos para derivar a otro centro a personas con antecedentes de este tipo, siempre que no se trate de una situación de urgencia.
Durante 2018, un 60% de los funcionarios de servicios de salud del país manifestó haber sido víctima de amenazas, agresiones verbales o físicas.
El proyecto, surgió de una mesa de trabajo entre el Ministerio de Salud y la Subsecretaría de Prevención del Delito; los gremios de la salud como el Colegio Médico y la Confusam; y la Asociación Chilena de Municipalidades.
