SANTIAGO.- "Con profunda preocupación queremos denunciar que el pasado viernes 16 de agosto, nuestro hermano Mauricio (Hernández Norambuena), quien se encuentra detenido desde el 2002 en Brasil, fue sacado en una operación silenciosa de la Penitenciaría de Avarê a dependencias de la Policía Federal en Sao Paulo”.
Así parte el comunicado titulado "Gobierno de Bolsonaro quiere extraditar ilegalmente a nuestro hermano" y en que la familia del ex miembro del Frente Manuel Rodríguez (FMR) acusa irregularidades en su situación penitenciaria.
La familia aseguró también que el recinto policial en cuestión es una "unidad de tránsito, que tiene la función de albergar a quienes están a punto de ser extraditados o expulsados del país", lo cual violaría, a su juicio, la Constitución Federal, una decisión de la Corte Suprema de Brasil (STF), la Ley de Migración y los Acuerdos de Extradición del Mercosur, firmados por Chile y Brasil.
Esta mañana el hecho fue confirmado por el ministro de Justicia, Hernán Larraín, tras reunirse con el presidente de la Corte Suprema. "Luego de varios años de trabajo, hemos venido a informar al presidente de la Corte Suprema y al ministro instructor de la causa que finalmente Brasil va a hacer entrega en conformidad a las normas vigentes", comentó Larraín.
El traslado del también llamado "comandante Ramiro" permitiría abordar sus temas pendientes en el suelo nacional, donde es requerido hace décadas por dos sentencias de cadena perpetua por el homicidio del senador UDI Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards.
En el caso del crimen del parlamentario, ocurrido el 1 de abril de 1991 en las afueras del campus Oriente de la Universidad Católica, Hernández fue condenado como jefe operativo del hecho. Calidad similar se le adjudicó respecto la operación que culminó con el secuestro de Edwards entre el 9 de septiembre de 1991 y el primero de febrero de 1992, después de 145 días de cautiverio: se le tildó como el "cerebro" de la captura.
Ambos cumplimientos, sin embargo, se vieron quebrantados en 1996 cuando escapó en un helicóptero junto a otros tres ex guerrilleros desde la Cárcel de Alta Seguridad en una operación llamada "Vuelo de Justicia".
Junto a él también huyeron Ricardo Palma Salamanca -hoy asilado en Francia-, Pablo Muñoz Hoffman -cuyo paradero se desconoce- y Patricio Ortiz Montenegro -refugiado en Suiza-.
Reaparición en Brasil
Ya a los años, Hernández volvió a ser detectado por las autoridades por un delito en Brasil. Desde el año 2002, el ex guerrillero está recluido cumpliendo una condena de 30 años por el secuestro del publicista Washington Olivetto. Allá se le acusó de liderar la célula subversiva que plagió al fundador de la agencia W/Brasil simulando un control policial vehicular, lo encerró en una celda a prueba de ruidos y pedía US$ 10 millones por su liberación.
En sus años de cárcel, Hernández ha estado en diversas prisiones, como las de Taubaté, Presidente Bernardes, la Federal de Mossoró y Avare, siempre clasificado en un régimen de disciplina diferenciado que implica permanecer en una celda individual, comunicándose mediante un locutorio y sin acceso a radio o TV.
En 2010, el ex subversivo volvió a los titulares con una entrevista desde Brasil a Chilevisión, en la cual aseguró que la muerte de Jaime Guzmán fue una acción acordada en conjunto por los miembros de la dirección del grupo subversivo, rebatiendo la tesis de que había sido planificada por solo algunos.
"Las principales decisiones fueron decisiones de la instancia máxima del Frente, no existió anarquía o desorden para tomar decisiones unipersonales", sostuvo en dicha oportunidad. Sus dichos implicaron la reapertura del caso y, por ende, nuevos indagados e incluso una condena.
El tiempo pasó y fines de 2016 el ministro a cargo del homicidio de Guzmán, Mario Carroza accedió a la solicitud de la defensa del ex frentista y rebajó en un grado la pena al aplicar el beneficio de la media prescripción por el tiempo transcurrido de los hechos, quedando con dos penas de 15 años y 1 día de presidio -total 30 años y dos días-.
Ello, considerando que uno de los requisitos brasileños para la extradición es que el requerido esté condenado a una pena inferior a los 30 años.
Los querellantes de la causa, el CDE, la familia y la UDI se opusieron. El partido del senador Guzmán, en tanto, anunció una apelación.
Sin embargo, en septiembre de 2017, La 7° Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la rebaja de condenas de manera unánime.
