SANTIAGO.- Hace casi 50 días, el ministro de Justicia, Hernán Larraín realizó al recién designado canciller Teodoro Ribera una petición: velar por la rápida extradición de uno de los condenados por el crimen de Jaime Guzmán.
Se trataba de Mauricio Hernández Norambuena, quien escapó del país en 1996 desde la Cárcel de Alta Seguridad, mientras cumplía dos cadenas perpetuas, con tres ex guerrilleros, entre ellos el también sentenciado por el crimen del senador, Ricardo Palma Salamanca.
El Comandante Ramiro, que al tiempo de la fuga cayó preso en Brasil por secuestro, llegó hoy a Chile a de 17 años de que la Corte Suprema solicitara tramitar su extradición.
Los esfuerzos, sin embargo, se vieron frustrados por las condiciones que puso Brasil en 2004 para su traslado, siendo el principal que la condena a cumplir en Chile no superara los 30 años. Lo que no se zanjó en años, sin embargo, se superó ahora y en tiempo récord.
"Una de las funciones del Minrel es procurar por todos los medios que la soberanía en todas sus expresiones se ejerza. Traer a un fugado a Chile para que cumpla aquí su condena es una de las formas como se ejerce la soberanía nacional", partió explicando Ribera.
Y agregó que fue el mismo ministro de Justicia quien pidió hace 50 días a la Cancillería "agilizar" este proceso: "Para tal objeto nos reunimos en diversas oportunidades y creamos un equipo de trabajo conjunto para evaluar las diversas alternativas en el marco de la reserva".
El grupo en cuestión, continuó, trabajó "en forma sigilosa", analizando las materias jurídicas y diplomáticas que permitieran ver cómo cumplir las condiciones de Brasil. También se revisó la legislación aplicable en Chile y Brasil, además de otros tratados internacionales suscritos y vigentes sobre la materia.
"En paralelo, la Cancillería intensificó sus contactos a nivel diplomático para lograr la entrega del requerido, involucrándose personalmente el embajador ante Brasil y este propio ministro", acotó Ribera.
Finalmente, el Gobierno optó por aplicar el acuerdo Mercosur de 2012 y zanjar una pena de 27 años -30 años menos el tiempo que Hernández cumplió en la CAS antes de la fuga- . Consultado sobre por qué se hizo ahora algo que podía ponerse en marcha desde 2012, contestó: "El cambio radica en que las opciones que se habían barajado inicialmente estaban en gestionar de alguna manera una rebaja de la condena en Chile, pero esa rebaja no es posible si no se invoca el tratado".
Las otras gestiones
Las labores de Cancillería sobre el tema no se limitan solo a Hernández. También a otros involucrados en el crimen de Guzmán y el secuestro de Edwards, como Palma Salamanca -asilado en Francia-, Raúl Escobar Poblete -condenado en México-, y Galvarino Apablaza.
A este último se le había otorgado refugio en Argentina durante el gobierno de Cristina Fernández. Sin embargo, dicho estatus se quitó bajo la gestión de Mauricio Macri, interponiendo un recurso para retomar dicha calidad y el cual mantiene congelada su posible extradición.
"Nosotros no vamos a descansar ni le daremos tregua a quienes han infringido la ley chilena y están buscando refugio en el extranjero. Para nosotros son delincuentes ".
Canciller Teodoro Ribera.
En esa línea, Ribera aseguró que "respecto de otras personas, seguimos al tanto": "Nosotros no vamos a descansar ni le daremos tregua a quienes han infringido la ley chilena y están buscando refugio en el extranjero. Para nosotros son delincuentes y si por tanto llegan a situarse en un país que no les reconozca la calidad de refugiados, estaremos ahí atentos para solicitar su extradición".
Y concluyó: "La extradición es, sin lugar a dudas, la mejor demostración de nuestro férreo compromiso en la lucha contra el terrorismo".
Larraín, por su parte, recalcó que el quebrantamiento de condenas "constituyen una burla a la posibilidad de hacer Justicia" y que con la captura del Comandante Ramiro "podemos pensar que se hace justicia".
