Formalización de los imputados.
Felipe Béaz, El Mercurio
La Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio de Registro Civil e Identificación (Anercich) lamentó el hecho en que el organismo se vio envuelto luego de que la PDI detuviera a nueve trabajadores que se dedicaban a falsificar pasaportes a personas con antecedentes penales para poder salir de Chile.
"Vivimos un momento doloroso (...) por más de 135 años, los funcionarios y funcionarias de Registro Civil hemos tenido la tarea de llevar los registros, la identidad y dar fe de los hechos vitales de todos los chilenos y chilenas, dando cabal cumplimiento a la misión que la sociedad nos ha encomendado, siendo un pilar de la fe pública y como una de las instituciones más sólidas y reconocidas de este país, según muestran las encuestas más recientes sostenidas en el tiempo", sostuvo la agrupación en una declaración pública.
"Afortunadamente,
estamos en condiciones de garantizar que podemos seguir siendo los depositarios de la fe pública como ha sido nuestro norte histórico. Porque los casos detectados
involucran menos del 0,1% de nuestros funcionarios y de las millones de actuaciones que realizamos día a día, porque somos gente honesta que ama su trabajo y porque jamás hemos tenido la más mínima tolerancia con la corrupción", añadió.
Junto con ello, el gremio señaló que "en medio de este escenario, redoblamos nuestro compromiso como servidores públicos. Y junto con lamentar los hechos investigados, reiteramos a la dirección del Servicio que genere las medidas que correspondan para corregir las eventuales vulnerabilidades del sistema de identificación, atender las alertas levantadas desde los funcionarios/as, fortalecer la capacitación y formación de quienes ingresan a la institución y un programa de acompañamiento y contención en los ambientes laborales afectados".
Por último, subrayó que "queremos alertar también a la opinión pública frente a quienes quieran realizar un aprovechamiento político de este caso o desplegar intereses que atenten contra la función pública o derechamente privatizar parte de nuestras funciones con miras a la próxima licitación de los documentos de identificación".
A raíz del hecho, nueve personas quedaron en prisión preventiva tras ser formalizadas por los delitos de soborno, falsificación de instrumento público y alteración maliciosa de registros informáticos.
