SANTIAGO.- A una semana de la llegada a Chile del ex frentista Mauricio Hernández Norambuena, el número de años que deberá cumplir en suelo nacional por el crimen de Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards aún no está claro.
Por un lado, el Gobierno acordó su extradición desde Brasil por no más de 30 años, debiendo descontarse los tres años que el "Comandante Ramiro" alcanzó a saldar antes de su fuga desde la Cárcel de Alta Seguridad en 1996. Es decir, dejando un total de 27.
La decisión, sin embargo, quedará en manos del ministro en visita para causas de DD.HH. Mario Carroza. El magistrado dejó claro que de los 30 años se deben restar los tres cumplidos, pero dejando abierta la posibilidad de un abono adicional, como reclama el mismo ex guerrillero en base al tiempo que, según él, pasó en detención preventiva.
Al debate entró en las últimas horas el ministro vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, a quien preguntó si es que considera una cierta intromisión por parte del Ejecutivo al anunciar una pena de 27 años.
"Intentos de pauteo siempre se denuncian, particularmente cuando las partes esbozan con fuerza sus argumentos", sostuvo el magistrado a Radio Cooperativa, agregando que "en este caso, yo miro al Gobierno como una parte, en el sentido de que concurrió a la formación del acuerdo con Brasil para traer a Hernández Norambuena a Chile y, probablemente, comprometió su opinión respecto de qué pena debe aplicarse o puede aplicarse".
En esa línea, se le preguntó si el Gobierno pudo haber ofrecido algo que no necesariamente se cumpla, aseguró: "Es una posibilidad".
"Es una situación que normalmente los gobiernos enfrentan, tienen que conversar con otro gobierno y llegar a un acuerdo, tienen que ellos jugársela por la postura que les parece más pertinente y seguramente tienen bastantes bases para ello. Luego tienen que esperar la decisión y esa decisión tendrá que respetarse", acotó.
Y si bien será Carroza quien tendrá que dictar la pena a cumplir, concluyó el supremo, esta decisión es susceptible a ser apelada, pudiendo llegar, eventualmente, al máximo tribunal.
