SANTIAGO.- El resultado de la investigación hecha por la PDI que determinó que fue el asesor del diputado René Alinco (ind.), Jaime Varas, el que envió un mail anónimo acusando a Gabriel Silber (DC) de violencia intrafamiliar -lo que le costó la presidencia de la Cámara-, no es el único caso en que estos profesionales han puesto en aprietos a los legisladores con los que trabajan.
En su mayoría son abogados y periodistas, todos financiados con recursos del Congreso, y han hecho noticia no sólo por sacar proyectos de ley adelante, sino por situaciones bastante más tensas, incómodas e incluso siendo sometidos a investigaciones policiales.
En septiembre de 2017 cuatro reportajes periodísticos dejaron en evidencia que distintos asesores de diputados y senadores de todos los sectores políticos redactaron textos, por lo que se pagaron altas sumas de dinero, recurriendo al conocido como "copy paste".
La información usada como insumo de estos profesionales salió desde Wikipedia, Icarito, de un discurso de la ex Presidenta Michelle Bachelet, de medios de comunicación nacionales e internacionales, documentos elaborados por expertos y disponibles en internet y desde la páginas web del Congreso. Todos copiaron y pegaron párrafos sin citar.
Robo de un computador
Ese mismo año ocurrió un hecho particularmente inusual al interior del edificio de Valparaíso: el robo del computador de la ministra del Trabajo, Alejandra Krauss.
Según se pudo determinar tras revisar las cámaras de seguridad, el responsable del ilícito fue un asesor de la entonces diputada UDI, Marisol Turres.
El computador, junto a otras especies sustraídas, fueron recuperadas y Matías Carrozzi -asesor de Turres y acusado por hurto simple- quedó con prohibición de ingreso al Parlamento y su empresa fue eliminada del registro de asesorías externas que dispone el Congreso.
"Espionaje"
Otro caso es la acusación de espionaje que hizo el
diputado Álvaro Carter (UDI) en contra de un asesor de la diputada Ximena Ossandón (RN). El parlamentario gremialista denunció ante la PDI
"acoso y hostigamiento" de parte del periodista Rodrigo Labrín.
Según él, mientras revisaba mensajes de WhatsApp en su computador, Labrín le habría sacado fotos a la pantalla desde la tribuna del Hemiciclo.
La diputada Ossandón negó las acusaciones y aseguró que el periodista la fotografiaba a ella mientras estaba con una delegación de estudiantes de un colegio de La Florida, comuna de su distrito y de la cual Rodolfo Carter, hermano de Álvaro Carter, es alcalde.
Agresión
A fines del año pasado una tensa situación involucró al Frente Amplio cuando un asesor de la diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez, denunció al parlamentario del mismo partido, Renato Garín por agresión.
El hecho habría ocurrido en uno de los pasillos del Congreso y Garín fue llevado hasta la comisión de Ética de la Cámara, pero ésta, tras revisar los videos de vigilancia, desestimó la causa por falta de pruebas. El acusado reconoció haber protagonizado una fuerte discusión con el profesional y RD pasó al parlamentario a su tribunal de ética.
Mensajes de connotación sexual
En marzo de este año la diputada Marisela Santibáñez (ex PRO) aseguró que un asesor parlamentario, de otro legislador, le envió mensajes por WhatsApp de connotación sexual.
Santibáñez explicó que le contó al jefe del asesor la situación y este decidió removerlo del cargo. "Hizo unas insinuaciones bastante groseras", relató sin revelar el nombre de los involucrados.
Mochila olvidada
Otro hecho que involucra a un asesor, pero que pasó más hacia las anécdotas de las historias del Congreso, fue la ocurrida a principios de este mes, cuando personal del Parlamento activó el protocolo de seguridad por una mochila abandonada en el hall de la Cámara de Diputados.
La situación sucedió a una semana del envío de dos artefactos explosivos, uno que detonó en una comisaría de Huechuraba y otro que alcanzó a ser detectado antes de abrirse y cuyo remitente era el ex ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter. Esto obligó a que se acentuaran las medidas de seguridad en la mayorías de las instituciones públicas, incluyendo el Congreso.
"Pido disculpas, porque nunca pensé que ocurriría algo así", dijo Tomás Yañez, asesor del diputado
Luis Pardo (RN) quien había dejado su mochila en el sitio mientras permanecía en una de las cafeterías del Congreso.
En manos de la justicia
Desde la Cámara explicaron a Emol que en no todos los casos los asesores pueden llegar a ser despedidos por este tipo de actos, ya que depende de si cometen o no un delito o faltan a algunas de las normas que estipula la Corporación y que ellos conocen al firmar su contrato.
Estos profesionales están sometidos a un régimen de probidad fijado en la ley relativa a la función pública, por lo tanto si son condenados por la justicia, pierden uno de los requisitos para ejercer estas labores, llegando incluso a ser eliminados del registro de asesores.
En el caso de cometer una falta, es la fiscalía interna de la Cámara la encargada de investigar y determinar si es que hay sanciones y cuáles serán ellas. De haber, podría solicitarle al parlamentario que despedida a su asesor.
Así, por ejemplo en el caso que involucra a los asesores del diputado Alinco, desde la Cámara deberán esperar que la justicia determine si es que son culpables de algún delito para tomar alguna decisión interna.
