SANTIAGO.- Hasta el 7° Juzgado de Garantía de Santiago debió llegar una vez más el ex comandante en Jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba.
Al tribunal fue citado esta mañana para discutir la medida cautelar con la que quedará durante la investigación que lleva adelante la Fiscalía Centro Norte, y por la cual fue formalizado a fines de junio por lavado de activos.
Tras más de tres horas de discusión, y una suspensión de poco más de una hora por la inhabilitación de una jueza, la situación la resolvió la magistrada Carolina Gajardo, quien decretó arresto domiciliario total para el ex jefe castrense, manteniendo el arraigo.
La audiencia fue solicitada por el persecutor José Morales luego que la Corte Marcial otorgara, tras seis meses de detención en el Batallón de la Policía Militar, ubicado en Peñalolén, la libertad previo pago de $5 millones.
Lo anterior, en el marco de la indagatoria que lleva adelante la ministra Romy Rutherford, quien procesó a Fuente-Alba en febrero de este año por malversación de $3.500 millones provenientes de gastos reservados.
En base a ese encausamiento, Morales formalizó a quien lideró la institución castrense entre 2010 y 2014 por, presuntamente, haber realizado distintas acciones tendientes a intentar ocultar o disimular el origen de casi $650 millones.
En dicha oportunidad no se discutió a fondo la medida cautelar a aplicar ya que el retirado uniformado ya se encontraba recluido, pidiéndose -y acogiéndose- solo arraigo nacional.
Argumentos
De acuerdo a Morales, era necesaria la prisión preventiva del ex comandante en Jefe ya que, a su juicio, "su libertad es un peligro para la seguridad de la sociedad".
Para respaldar sus dichos, señaló que, tras la audiencia de fines de junio, "han variado las circunstancias respecto las cuales esa medida no se solicitó en su oportunidad", aludiendo a la resolución de la Corte Marcial.
"Estamos hablando de delitos reiterados, cometido por funcionario público que está, por decirlo, en la escala superior de funcionarios públicos que son capaces de disponer una mayor cantidad de dinero".
Fiscal Centro Norte José Morales.
Recalcó que, en 2010 el militar (r) "asume la comandancia en Jefe del Ejército, es decir una de as instituciones que existen para defensa de la patria, esenciales para el orden nacional" y que en dicho cargo tenía a disposición gastos reservados, destinados exclusivamente a dichas labores.
En esa línea, explicó que "los gastos reservados son no menores" y que, durante su mandato, Fuente-Alba tuvo a disposición más de mil millones de pesos y cerca de US$2 millones al año por dicho concepto, los cuales se retiraban periódicamente por la Dirección de Finanzas, la que a su vez entregaba los montos a Dirección de Inteligencia.
Cada año, continuó, el comandante en Jefe debía entregar a Controlaría una declaración, leyendo en la audiencia una de estas, y donde Fuente-Alba descartaba un mal uso.
"Tenemos un acto que es ideológicamente falso", acotó Morales, asegurando que Fuente-Alba destinó fondos a donde no debía, incluyéndose gastos de su esposa.
Así también, se aludió a los múltiples traspasos de propiedades y vehículos realizados entre parientes, sin tener claridad del origen de los dineros, y del crecimiento de su patrimonio mientras estaba en el cargo.
"Él es la fuente de financiamiento de su grupo familiar y su única actividad remunerada fue haber sido oficial del Ejército desde que ingreso a la Escuela Militar hasta que salió a retiro luego de terminarsu periodo constitucional", planteó el fiscal, señalando "tenemos descartado la existencia de otros bienes que puedan explicar algunos de los movimientos", acusando maniobras destinadas a ocultar origen de los fondos.
Morales aseguró que Fuente-Alba usó su cargo y "se aprovechó de funcionarios públicos" para utilizar los dineros: "El lavado de dineros es un delito que atenta contra el orden público económico (...) estamos hablando de delitos reiterados, cometido por funcionario público que está, por decirlo, en la escala superior de funcionarios públicos que son capaces de disponer una mayor cantidad de dinero".
Hay que considerar la pena probable a la que se expone el señor Fuente- la fiscalía lo sostiene en Estamos hablando de delitos cometidos por un funcionario público que se encuentra
"El señor Fuente-Alba sin lugar a duda debe ser considerado un peligro para la seguridad de la sociedad y por ello deber sometido a la prisión preventiva", zanjó.
Por su parte, el abogado del general (r), Miguel Chaves, señaló que los gastos reservados no eran custodiados en su totalidad por el militar y que la única circunstancia que ha cambiado desde la formalización fue su libertad bajo fianza. Recalcó que indagado ha prestado declaración en 13 oportunidades y acompañó voluntariamente documentación contable.
"Atendido la amplísima colaboración que ha tenido el señor Fuente-Alba creemos que hay que mirar el artículo que dice que, para caso de peligro para la sociedad, están disponibles también la privación total o parcial domiciliario, sujeción, arraigo", aseguró Chaves.
Y concluyó: "¿Cuál es la necesidad que esté preso ?".
Oídos los argumentos, la jueza aseguró que "tienen que haber argumentos de peso para que en esta etapa procesal" se dicte prisión preventiva, recalcando que es la medida cautelar más gravosa y que existen alternativas que puedan asegurar los mismos fines señalados, por lo que desestimó la petición de la fiscalía.
