VALPARAÍSO.- La acusación constitucional en contra de la ministra de Educación Marcela Cubillos está viviendo su primera etapa en la Cámara, al ser revisada por la comisión ad hoc, pero ya se abre un debate sobre su futura tramitación: ¿qué pasará cuando llegue al Senado?.
El análisis no es solo en relación a si ésta será acogida con respecto al fondo, ya que los miembros de la Cámara Alta actúan como jueces en estos casos y deberán determinar si es que la secretaria de Estado infringió o no la Carta Magna. Sino que también en el aspecto político e incluso familiar.
Su esposo será juez
Desde el año 2012 la ministra Marcela Cubillos está casada con el senador Andrés Allamand (RN), por lo que si la acusación supera la primera valla, él deberá ser uno de los que juzgue los méritos del libelo impulsado por diputados de todos los sectores de la oposición.
La situación es compleja para el parlamentario que tiene aspiraciones presidenciales. Además la sanción para la titular del Mineduc, en caso de aprobarse, serían cinco años inhabilitada de ejercer cargos públicos. Por lo que desde la oposición ya sugieren que él debería inhabilitarse, mientras que él señaló ayer en T13 Radio que "hay un proceso de discernimiento que voy a hacer oportunamente".
La Constitución y la Ley de Probidad de Transparencia indican que deben inhabilitarse ante cualquier conflicto de interés, sea este económico o no. Mientras que la Ley Orgánica del Congreso y el Reglamento del Senado dicen que en el caso de la acusaciones constitucionales no es necesario.
"El reglamento establece que las inhabilidades no aplican en el caso de una acusación constitucional. El senador Allamand entonces, y en caso de que la acusación llegara al Senado, tiene derecho a participar del debate y votar como jurado, salvo que él voluntariamente decida lo contrario", dijo el presidente del Senado, Jaime Quintana (PPD), a La Tercera.
Consultado por Emol, el senador Juan Antonio Coloma (UDI) coincidió en que "esa es una definición estrictamente personal. Y creo que dada la circunstancias, lo mínimo que hay que hacer es respetar esa decisión. Me parece que es lo razonable, es lo justo y es lo lógico".
¿Se inhabilita?
Mientras que entre los diputados, en un sondeo realizado por este medio, existen más diferencias sobre la decisión que deberá tomar el esposo de la ministra Cubillos.
El jefe de bancada del Partido Socialista, diputado Manuel Monsalve, comentó que "es una materia bien compleja, y sin que haya un impedimento reglamentario no lo puedo exigir, pero pareciera ser que el espíritu de la Ley de Transparencia y de Probidad hace recomendable que en aquellos conflictos de interés tan directos -porque en este caso no hay un interés intermedio o relacionado, es un matrimonio- a mí me parecería recomendable que se abstuviera de votar".
"Es una decisión personal (del senador Allamand), yo no la voy a exigir si es que el Reglamento lo habilita. Sin embargo, es una decisión que en el sentido estricto de los principios de probidad y transparencia, debería abstenerse"
Manuel Monsalve
"Es una decisión personal, yo no la voy a exigir si es que el Reglamento lo habilita. Sin embargo, es una decisión que en el sentido estricto de los principios de probidad y transparencia, debería abstenerse", manifestó el representante de la colectividad que impulsó la acusación.
Más tajante es el diputado Tomás Hirsch (PH) quien es además uno de los firmantes del libelo y planteó que "si esto no genera un pequeño conflicto de interés, no entiendo quién entonces lo podría tener".
"Evidentemente está totalmente inhabilitado para votar, obvio que tiene que inhabilitarse y si no lo hiciera me parece que sería una burda situación en la cual alguien totalmente involucrado con la ministra está votando. Eso es inaceptable evidentemente", sostuvo.
Por otro lado, en el oficiliasmo tienen una postura similar a los senadores y por ejemplo, el jefe de bancada de la UDI, diputado Javier Macaya explicó que "las inhabilidades tienen que ver con conflictos de interés relacionadas con el desempeño del cargo, en cómo pudiese afectar al senador Allamand en el propio desarrollo del cargo y qué beneficios personales para él tendría una determinada votación".
Por tanto para él "más allá del tema familiar, él no tiene ningún beneficio personal asociado a la votación y entiendo que es una situación más bien de orden político y donde los argumentos jurídicos y fácticos están absolutamente del lado de la ministra Cubillos".
De todos modos, Macaya recalcó que tiene la "convicción" de que la acusación no llegará al Senado y en esa línea también tiene la misma postura el diputado miembro de la comisión de Educación, Diego Schalper (RN) quien se mostró "confiado" a que no saldrá el libelo de la Cámara.
El parlamentario señaló que el rol de Allamand y de todos los senadores será "analizar los méritos de la acusación como miembro de un jurado, por lo tanto uno tiene que ponderar los méritos de lo que se le pone arriba de la mesa. En principio, creo que nadie debiese estar inhabilitado a ser jurado".
Para prosperar la acusación constitucional en el Senado necesita de 22 votos a favor, por lo que el sufragio del representante de RN no generaría un desequilibrio de las fuerzas.
Frente a frente con Provoste
Otro asunto que causa especial expectación en el caso de que sea revisada por el Senado es que otra de las que actuará como jueza será la senadora Yasna Provoste (DC).
El año 2008 la entonces Alianza impulsó una acusación en contra de la hoy parlamentaria falangista que ejercía como ministra de Educación de la ex Presidenta Michelle Bachelet, bajo el argumento de haber sido negligente en el pago de subvenciones escolares. Una de las en ese momento diputadas que votó a favor, fue la (ex) UDI Marcela Cubillos. Finalmente la demócratacristiana fue destituida del cargo.
"Efectivamente yo voté a favor de la acusación en ese momento, como diputada, de la ex ministra de Educación Yasna Provoste", recordó hace algunos días la hoy secretaria de Estado acusada. Pero explicó que entre ambas acciones "hay una diferencia fundamental".
"En ese momento (2008) esa acusación se presentó después de informes de Contraloría que denunciaban y detectaban irregularidades. (En cambio) en esta acusación yo solo tengo informes de Contraloría que avalan y validan nuestras actuaciones", dijo ella adelantándose a lo que podría venir en el Senado.
Provoste y Cubillos han mantenido una relación especialmente incómoda en este poco más de año de ejercicio que lleva la ministra en el cargo, ya que la senadora es integrante de la comisión de Educación y han protagonizado acalorado debates.
Uno de los más recordados es que se dio el año pasado cuando la legisladora DC era la presidenta de la instancia y se debió discutir ahí uno de los proyectos emblema del Gobierno, Aula Segura, en donde Cubillos alegó porque la iniciativa no avanzaba en su trámite y la responsabilizó. La aludida respondió que privilegiaría un "buen debate".
Pero eso fue solo una muestra de una tensa relación que se remonta a cuando los roles estaban opuestos y que ahora nuevamente las tendría en el foco.
Pese a esto, ni en la oposición ni el oficialismo creen que Provoste debería inhabilitarse ante la eventualidad de tener que revisar el libelo.
"Los conflictos entre un sector político y otro son parte inherente de la política, por lo tanto evidentemente no es un motivo para inhabilitarse", dijo el diputado humanista.
Mientras que Macaya explicó que pese a ser "distintos los argumentos" que en el caso de Allamand, es "la misma lógica" porque no obtendría ningún beneficio personal al manifestar su opinión. El diputado Monsalve señaló que no correspondería exigirle eso, pues sería "presumir una intención de revancha" de la parlamentaria.
Sin embargo, el diputado Luciano Cruz-Coke (Evópoli), ha sido uno de los pocos al menos la invita a "hacer una reflexión", aludiendo a que ella "estuvo en una situación similar", según comentó a El Mercurio.
