SANTIAGO.- Eran casi las 15:00 del 21 de diciembre de 2016 cuando un interno del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Antofagasta, que se encontraba en el módulo 88, se vio involucrado en una riña.
Al lugar llegaron gendarmes, quienes, según quedó consignado en la sentencia que los condenó, ordenaron a los reos colocarse en una fila. Ante las instrucciones, el interno en cuestión fue increpado por no mirarles y este les contestó: "Yo escucho con los oídos, no con los ojos".
La respuesta generó molestia. Los uniformados lo llevaron a un pasillo ubicado a las afueras del sector y allí uno de ellos le pisó el tobillo derecho y lo golpeó en el rostro. Otro le dio un puntapié en el abdomen, para luego pegarle en la zona de tórax con un bastón. Todo mientras el reo estaba en el suelo y esposado.
Luego lo tomaron del pelo y empujaron contra un muro. Lo golpearon en la cara y mojaron con una manguera. Toda la agresión quedó grabada. Casi dos años después, los dos gendarmes fueron condenados por el Tribunal Oral en lo Penal de Antofagasta como autores de apremios ilegítimos u otros tratos crueles inhumanos o degradantes.
El caso fue uno de los varios ocurridos en los últimos cinco años y por el cual se interpuso una querella contra la institución penitenciaria. Así también, de los pocos que cuentan a la fecha con una sentencia.
Así lo detalla el informe enviado por el director nacional de Gendarmería Christian Alveal al jefe de División de Reinserción Social de Ministerio de Justicia en virtud de la solicitud realizada por el senador Alejandro Navarro, presidente de la comisión de DD.HH. Nacionalidad y Ciudadanía.
En el documento se detalla el número de funcionarios que en los últimos cinco años han sido objeto de la presentación de querellas en su contra por actuaciones atribuibles a actos propios del servicio.
La respuesta
Según contestó la institución, entre 2014 y 14 de marzo se presentaron 18 querellas contra funcionarios penitenciarios, quienes debieron ser asesorados y representados por abogados privados o defensores públicos, ya que la institución no dispone, por el momento ya que se está trabajando en ello, de equipos jurídicos.
Las regiones con más casos fueron la de Valparaíso y Biobío.
En tanto, otras 26 acciones fueron interpuestas por el INDH contra Gendarmería por torturas y apremios ilegítimos.
84Recursos de amparo contra Gendarmería ha presentado el INDH desde 2014.
Según señaló la institución en el documento, solo en una de las querellas del INDH fueron notificados formalmente por el tribunal respectivo, el que ordenó la asistencia de abogado del servicio a una audiencia donde se instruyó únicamente respecto del traslado de los condenados a otra unidad penal.
Así también, que en "siete causas la Institución solo ha actuado cumpliendo lo ordenado por el Tribunal, con la finalidad de que se proceda al traslado de un interno a audiencia, o para que se adopten medidas de seguridad, no siendo, en ningún caso, notificada como querellado o imputado".
Gendarmería precisa además que en general no toman conocimiento del detalle de las acciones presentadas directamente contra un trabajador "toda vez que estas son dirigidas contra personas determinadas o indeterminadas y no contra la Institución. En adición, los funcionarios afectados por una querella no tienen la obligación de informar al Servicio de tal circunstancia, como cuando resultan condenados, caso en el que sí la tienen".
Ante ello, el senador Juan Ignacio Latorre (RD), integrante de la comisión de DD.HH., aseguró: "Me parece grave esa cifra, sobre todo si tenemos en consideración que muchos de esos casos no son denunciados, ni menos objeto de querella".
Por su parte, el diputado RN e integrante de la comisión misma comisión, pero de la Cámara Baja, Diego Schalper, acotó: "La cárcel no puede ser un lugar donde se vulneren los derechos de las personas, porque la verdadera reinserción pasa por respetarlos. Yo estoy convencido que las personas que creen que, por estar cargo pueden violentar los derechos humanos, deben ser investigadas a fondo y sancionadas".
Otro punto destacado en el oficio son los términos que habría tenido cada caso. Según lo recopilado por Gendarmería, 20 de las querellas siguen en trámite, en una hubo sentencia condenatoria -aquella por agresión en Antofagasta-, en cuatro el Ministerio Público comunicó la decisión de no perseverar, y en una no hay detalle.
Gendarmería y DD.HH.
Para Gendarmería, aseguró la institución, el tema en torno a los DD.HH., torturas y apremios es de "suma relevancia".
Por ello, explicó a Emol Michelle Barahona, jefa del departamento de DD.HH., se preferiría que los procesos se tramiten y resuelvan con celeridad: "Como toda institución del Estado, nos interesa que los procesos judiciales sean rápidos y efectivos, en función tanto de la víctima como del victimario. Pero, como usted sabrá, se trata de un ámbito que escapa de las funciones y atribuciones de este servicio".
Así también, Barahona detalló los avances que se han hecho en esta materia. En marzo de este año se transformó la unidad de DD.HH. en el Departamento de Promoción y Protección de los DD.HH., "cuyo objetivo primordial es establecer, a nivel nacional, un sistema eficaz de promoción y protección" en esta materia.
"Como toda institución del Estado, nos interesa que los procesos judiciales sean rápidos y efectivos, en función tanto de la víctima como del victimario".
Michelle Barahona, jefa Departamento DD.HH..
En esa línea, precisó que el departamento en cuestión enfoca su trabajo en un área preventiva y otro de protección. Desde la primero se continuaron con las formaciones y capacitaciones a civiles y uniformados, mientras que desde la segunda se trabaja con un plan de visitas inspectivas a diversas unidades penales del país.
Estas últimas, detalló, "tienen por objetivo observar, en terreno, situaciones que pudieren llevar a una vulneración (…) a fin de adoptar las medidas correctivas correspondientes".
"(Se) ha iniciado también un monitoreo de las denuncias sobre vulneraciones de derechos humanos que se reciben, lo que implica visitar la unidad penal, entrevistarse con la persona afectada y con las autoridades del recinto y adoptar las medidas correspondientes al caso concreto", acotó Barhaona.
Problemas en la investigación
El coordinador de litigios estratégicos del INDH, Pablo Rivera, explicó la situación penitenciaria es abordada por el instituto de distintas formas.
Por un lado, están las visitas preventivas guiadas y otras no informadas a Gendarmería, realizadas de manera aleatoria o producto de denuncias de privados de libertad. La información recopilada se analiza y de ahí determina los cursos a seguir.
"Hay una norma internacional obligatoria que establece la prohibición de la tortura. Los estados en definitiva que han suscrito estas condiciones prohíben bajo cualquier tipo la tortura y establecen que ante estos actos todo el estado debe tomar medidas para evitarlo"
Pablo Rivera, Coordinador de litigios estratégicos del INDH.
"La vía administrativa pueden ser oficios intentando tener un dialogo pertinente con la institución o ya llegar reacción de oficios a las autoridades. Ya en última instancia está la vía judicial, que a su vez se distinguen también acciones de protección o amparo, o ya acciones penales a través de querellas", manifestó Rivera.
Así, acotó que esta última se presenta cuando se vislumbra una situación más grave y sostenida: "Hay una norma internacional obligatoria que establece la prohibición de la tortura. Los estados en definitiva que han suscrito estas condiciones prohíben bajo cualquier tipo la tortura y establecen que ante estos actos todo el estado debe tomar medidas para evitarlo".
Datos del instituto dan cuenta de que las acciones contra Gendarmería serían más. Según revelaron a Emol, desde 2014 se han presentado 46 querellas -la mayoría por torturas-, 84 recursos de amparo y tres de protección.
En cuanto a los términos que registra el INDH, al menos en nueve de las querellas se decretó decisión de no perseverar, otras cuatro cuentan con condena y más de una veintena siguen vigentes. Para Rivera, el problema estaría en la investigación.
"Hay mucha reticencia del Ministerio Público de llevar una adecuada investigación acorde a los estándares internacionales de una debida diligencia", detalló.
A modo de ejemplo, Rivera aseguró que muchas veces se toma declaración por los funcionarios de Gendarmería, "lo que no procede porque claramente inhibe o imposibilita dar una adecuada declaración a las víctimas", quienes, producto de ello, pueden sufrir una revictimización por lo que desisten de continuar el procedimiento.
Otro problema detectado desde el INDH tiene que ver con los recursos, considerando específicamente que el protocolo facultativo de las Naciones Unidas para la investigación de la tortura estableció un instrumento eficaz para estos casos.
Sin embargo, dijo Rivera, el número de funcionarios de SML capacitados para ese protocolo "es bastante limitado": "Se producen verdaderos cuellos de botella en diversas regiones, en las cuales hay querellas presentadas y los peritajes se están demorando casi un año".
Y concluyó: "Tras ese periodo de tiempo la víctima muchas veces ya no recuerda bien los hechos y claramente la muestra de los golpes no son las mismas. Nos ha pasado también que la víctimas han recuperado su libertad y después es imposible ubicarlas".
