SANTIAGO.- Carabineros, Aduanas y la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar) podrán conectarse directamente a la base de datos de Interpol Chile.
En el marco del 75° Aniversario de la creación de la Oficina Central Nacional de Interpol (OCN) Santiago, el director general de la PDI, Héctor Espinosa, firmó el acuerdo que tiene como fin sumar esfuerzos entre las distintas instituciones para que puedan utilizarlas con fines preventivos o investigativos en favor de la seguridad nacional.
Según explicó a Emol el subprefecto Ricardo Quiroz, jefe la OCN Interpol Santiago, "lo que se está haciendo ahora es extender la información a organismos que tienen participación contra la lucha de la criminalidad en todas sus formas".
La plataforma permitirá la consulta de personas -con encargos internacionales-, documentos de viaje que han sido reportados como perdidos o robados, y vehículos sustraídos a nivel internacional, al igual que el acceso a información sobre seguridad marítima mundial.
"Hoy día, estas instituciones han tenido acceso a la base de datos, pero de forma indirecta. Lo que estamos eliminando con este acceso directo es la burocracia", acotó Quiroz.
En esa línea, detalló que la primera parte de trabajo consistía en que la PDI desarrollara la tecnología necesaria, lo cual ya se realizó. Ahora, en tanto, falta que las instituciones lo habiliten: "Se pone a disposición la plataforma y lo que ellos tienen que hacer es un desarrollo que, de acuerdo a sus sistemas, les permita conectarse".
El subprefecto manifestó además que el tiempo que podría tardar aquello dependerá de cada caso, señalando que, por ejemplo, en Argentina fue de hasta dos años.
Sin embargo, destacó que a nivel local "el sistema de redes está muy desarrollado en general" por lo que estima que el desarrollo tomará un par de meses, siendo el máximo un año.
El policía concluyó señalando que la idea es aumentar las capacidades de control de las instituciones y que eventualmente podrían sumarse otros servicios.
El acuerdo de acceso a las bases fue firmado durante la ceremonia de aniversario, la que, a su vez, tuvo lugar a pocas semanas de que se realice por primera vez en nuestro país la 88° Asamblea General de Interpol, la convocatoria policial más grande de mundo y que contará con la asistencia de representantes y jefes policiales de los 194 estados miembros.
En nuestro caso, Chile se hizo estado miembro en 1944 y desde entonces cuenta con distintas extradiciones destacas.
Extradiciones
Una de ellas ocurrió en 1992. Conocido como Guatón Romo o comandante Raúl, Osvaldo Romo Mena fue uno de los pocos miembros de la DINA que reconoció explícitamente las violaciones a los derechos humanos cometidas por los organismos de inteligencia de la dictadura.
En dicho año, fue localizado en Brasil, donde residía bajo el nombre falso de Osvaldo Henríquez Mena. Fue deportado, mientras que su familia quedó allá. En ese entonces, era uno de las personas más buscadas para ser sometidos a juicio.
Más de diez años después, en 2008, Rafael Maureira Trujillo, alias Zacarach, fue extraditado desde Brasil.
El caso partió en 2001, a raíz de informaciones recibidas desde España y Costa Rica, investigándose así los antecedentes que vinculaban a un ciudadano chileno a una comunidad de pedófilos de internet denominada "Paidos". Ya en 2002 Interpol detuvo a Maureira en Isla Negra mientras se encontraba con dos menores.
Estuvo privado de libertad hasta 2006, hasta el pago de una fianza. Salió de país y terminó siendo ubicado en el gigante latinoamericano tras ser delatado por un cercano.
Ya en septiembre de 2016, se materializó la llegada de Kevin Olguín Sepúlveda, apodado "Baby Bandito", en el marco del primer robo del siglo y donde se sustrajeron $6 mil millones desde el Aeropuerto de Santiago.
Tras huir al extranjero se pudo localizar debido a las publicaciones que hacía a través de la red social Facebook, donde ostentaba adquisiciones materiales.
Ya en Chile quedó con las cautelares de libertad vigilada, firma mensual y arraigo. Sin embargo cuando se presentaron recursos en contra de las medidas, se fugó. Tampoco se presentó a la lectura de sentencia en mayo de 2017, donde se dictaron 4 años por robo con intimidación. Finalmente, fue capturado en julio de 2018.
Otro caso mediático fue el de Rafael Garay. El ingeniero, respecto de quien se había interpuesto en un principio una denuncia por presunta desgracia, fue ubicado mediante la cooperación internacional en Bucarest, Rumania.
Allí había huido luego de que comenzara a quedar al descubierto que no había invertido los dineros recibidos por decenas de personas. Llegó a Chile en marzo de 2017 y ya a fines de 2018 fue condenado a 7 años de cárcel como autor de estafas reiteradas contra 29 víctimas, por un monto que bordeó los $1.300 millones.
Por esa fecha, en septiembre 2018 se extraditó a Facundo Jones Huala desde Argentina.
En nuestro país se le requería por un ataque incendiario al fundo Pisu Pisué en 2013. En enero de ese año, el sindicado como líder del grupo argentino Resistencia Ancestral Mapuche fue detenido y, tras un tiempo en prisión preventiva, se cambió la medida por arresto domiciliario, la cual quebrantó para llegar al país vecino.
Es así que en 2013 se publicó notificación azul, mediante la cual se solicitaba la localización y búsqueda a nivel internacional y, dos años después, la policía argentina informó de un posible domicilio en el sur.
El tiempo pasó y en marzo de 2018 se comunicó que las autoridades judiciales argentinas concedieron la extradición por los delitos de incendio en lugar habitado y tenencia ilegal de arma de fabricación casera. Jones Huala fue condenado a nueve años por ambos ilícitos.
