El ministro de la Corte de Apelaciones de Antofagasta y vocero del Poder Judicial en esa región, Oscar Clavería Guzmán, fue el encargado de redactar el requerimiento que la Corte Suprema levantó al Tribunal Constitucional (TC), lo que hizo que se abriera un debate sobre el sistema de pensiones y que terminó con la renuncia –esta semana – del presidente de la Asociación de AFP producto de sus declaraciones.
Cabe recordar que el tribunal de alzada envió un requerimiento al TC para que se pronuncie respecto al actual sistema de pensiones, esto tras un recurso de protección presentado por una profesora jubilada que solicita su ahorro previsional total para evitar la pérdida de su casa.
En entrevista con El Mercurio de Antofagasta, el magistrado explicó que "acá una persona dijo que se respetara su derecho de propiedad, respecto de los dineros de su capitalización individual, que el empleador deposita a nombre del trabajador. Si alguien pide que esa plata se le regrese, no hay duda que está el derecho de propiedad, pero qué características tiene este derecho".
"La AFP dijo que no puede entregar el dinero por el decreto de ley 3.500 y la Superintendencia dijo lo mismo. Si tenemos un derecho de ley que dice que esta plata es para el trabajador pero no puede retirarla, y por otro lado, la Constitución dice que el derecho de propiedad no se toca, y si quieres tocarlo, ley de expropiación", añadió Clavería.
Además, el ministro sostuvo que "la pugna que existe entre una ley y los principios y derechos establecidos en la Constitución, es un conflicto que no lo resuelven los tribunales. Si el Tribunal Constitucional dice que aquí no hay conflicto, entonces resolvemos en su momento. Si nos dicen que sí lo hay tendremos que borrar la norma que ellos nos indiquen".
Respecto a las críticas que suscitó el requerimiento hecho por la Corte, el magistrado argumentó: "Nuestros fallos se dictan en derecho, los jueces no somos asistentes sociales, periodistas ni políticos. Tenemos un respaldo que lo da le Estado de derecho, que es la inamovilidad, mientras no tengamos inobservancias fundamentales en leyes de procedimiento, pero no de fondo, porque en Chile puede existir opiniones diferentes sobre el fondo".
"Dictamos como expertos en resolución de conflictos para dar justicia a casos concretos. No estamos para corregir leyes, sino para que se respete ese Estado de Derecho", agregó.
Sobre el requerimiento mismo al TC y si hay alguna posibilidad de que este llegue al fin de la discusión, Clavería es sostuvo: "No, porque este es un caso concreto. Además, el problema del 'lege ferenda' en el que el legislador debe proponer, es un asunto distinto, no lo veremos nosotros. Se verá de qué manera le dinero guardado para los trabajadores es digno para la jubilación, eso es un problema político que no lo resolveremos en tribunales".
