SANTIAGO.- Una a una, Iris Salaberry, ex funcionaria de la municipalidad de Ñuñoa y hermana del ahora ex subsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Salaberry, respondió a las acusaciones realizadas en su contra en los últimos días.
La mujer anunció además la presentación de una querella contra el alcalde de la comuna en cuestión, Andrés Zarhi, por injurias graves con publicidad.
Ello, según confirmó su abogado, Raúl Meza, por atribuirle responsabilidad en un presunto delito de tráfico de influencias.
El caso estalló mediáticamente la semana pasada, cuando se supo de la existencia de una infracción de tránsito relacionada al ex subsecretario, donde se le acusa de no respetar tres semáforos en rojo e insultar a un inspector municipal.
Se señaló también que el ex diputado habría llamado a su hermana para que intercediera en su favor. Producto de ello, Zahri pidió la renuncia de Salaberry, mientras que la ex autoridad de La Moneda presentó la suya la tarde de ayer. En tanto, el Ministerio Público inició una investigación.
Sobre el episodio, Iris Salaberry explicó que, luego de un almuerzo familiar y, según lo relatado por quienes iban en el vehículo involucrado, un auto de seguridad pública "lo sigue y se encuentran en distintas intersecciones".
"El vehículo particular se detiene en una luz roja, el móvil de seguridad pública se detiene al lado y, al continuar al camino con luz verde, el vehículo de seguridad pública se cruza al frente no permitiendo el libre acceso. Ante eso el conductor del vehículo particular adelanta y sigue su camino", aseguró.
"Frente esto y constante asedio (...) siento vulnerada nuestra privacidad, intimidad, sobre todo exponer a mi madre, y llamo para consultar el nombre de conductor".
Iris Salaberry.
Y agregó: "Frente esto y constante asedio (...) siento vulnerada nuestra privacidad, intimidad, sobre todo exponer a mi madre, y llamo para consultar el nombre de conductor".
Salaberry apuntó que nunca mencionó la multa cursada y que al día siguiente comentó la situación con compañeros de trabajo.
"(Al hacerse público este) montaje (...) veo en esto la maldad, falta de empatía la búsqueda de realizar actos que llaman en lo criminal, exponiéndonos a denostaciones, malos tratos, amenazas, seguimientos, poniendo incluso en riesgo la estabilidad emocional de mi familia completa", zanjó.
Ante ello, y según lo confirmado por el abogado Meza, se solicitará al tribunal respectivo que el jefe comunal entregue los medios de prueba que acrediten que las llamadas realizadas por ella "tuvieron como propósito influir maliciosamente sobre la decisión del funcionario municipal de cursar la multa del tránsito".
Otras acusaciones
Salaberry desmintió otras situaciones dadas a conocer, una de ellas por el mismo alcalde Zarhi, quien señaló que la mujer le había pedido volver al trabajo, a casi un año de su renuncia, ante una complicada situación económica y un divorcio.
Así, y abordando las declaraciones que calificó de "lamentables", "injuriosas" y "falsas", acotó: "Le recuerdo (al alcalde) que a través de mi hijo menor se me contactó en diciembre del 2017 para que fuera a hablar con el jefe de gabinete o usted para concretar mi vuelta a la municipalidad".
Indicó que la separación en cuestión fue con un funcionario municipal años antes de aquello -en 2013-. También denunció conflictos laborales y una supuesta falta de actuación por parte de Zarhi cuando pidió la apertura de sumarios para abordar la situación.
Manifestó que su renuncia, tras más de una década en la municipalidad, fue, entre otras cosas, por el "acoso constante que recibiría del jefe de personal en ese momento y ciertas situaciones que fueron motivadas por ese quiebre tan rotundo que tuve en ese matrimonio con un funcionario municipal, en el cual no fui ni apoyada por usted, ni por ningún director cuando informé ciertas actuaciones".
Salaberry también se refirió al sumario iniciado en ese entonces en su contra por la denuncia de dos emprendedoras, quienes alegaban que se les había solicitado un pago para participar en una feria comunal.
La hermana del subsecretario sostuvo que las acusaciones no se referían directamente a ella como quien exigía el dinero, sino que se le incluyó como encargada de la unidad.
Ya con investigación en marcha, aseguró que, según lo informado por el fiscal a cargo, su responsabilidad habría podido ser administrativa "por no haber podido controlar el actuar de este funcionario, no obstante habiendo informado a mis superiores como usted".
Salaberry sostuvo que en las acusaciones "se ha actuado sin pruebas fehacientes y falta a la probidad", acusando que "se han arreglado documentos, corregido fechas e incluso hojas de vida de funcionarios".
