SANTIAGO.- Con la medida cautelar de arraigo nacional quedó Carla Vásquez, hija del removido ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Marcelo Vásquez, quien fue formalizada por falsa declaración jurada.
Ante el Juzgado de Garantía de Rancagua, el fiscal regional Sur, Héctor Barros, detalló la presunta responsabilidad de Vásquez en dos episodios.
El primero de ellos ocurrió en enero de 2016 en Peumo cuando, según Barros, Vásquez postulaba como consejera técnica suplente de Juzgado de Letras y Garantía de Peumo.
"Procedió a presentar dentro de la documentación exigida legalmente para optar al cargo una declaración jurada ante notaria falsa, esto es faltando a la verdad en cuanto a las causales de inhabilidad que le afectaban y que le impedían postular y asumir al cargo", indicando que su padre era ministro de Valdivia, siendo que a la fecha ya estaba en Rancagua.
Misma situación se repitió, según Barros, en julio de 2016 en San Vicente de Tagua Tagua, "presentándose al cargo bajo una patente legalidad de no encontrarse afecta a inhabilitada, todo lo cual permitió finalmente su nombramiento".
El caso de C.V.V. llegó al Ministerio Público por la denuncia de un profesional, que en más de una oportunidad postuló a cargos en el Poder Judicial, al hoy suspendido fiscal regional de O'Higgins, Emilinao Arias.
Por ello, el Ministerio Público solicitó la medida cautelar de arraigo nacional, la cual terminó siendo decretada por el tribunal.
Por su parte, la defensa de la trabajadora social pidió el sobreseimiento de la indagatoria, sosteniendo que los hechos adjudicados no son constitutivos de delito, aludiendo a la prescripción de los hechos.
"Se debe tener en consideración que la formalización es en el marco de una causa donde se encuentran imputadas otras personas, así como también la naturaleza de los ilícitos que se imputan respecto la investigación en la cual se enmarca la formalización".
Jueza Paula Stange, Juzgado de Garantía Rancagua.
Tras las alegaciones, la magistrada Paula Stange rechazó el término de la indagatoria, teniendo en consideración que "se debe tener en consideración que la formalización es en el marco de una causa donde se encuentran imputadas otras personas, así como también la naturaleza de los ilícitos que se imputan respecto la investigación en la cual se enmarca la formalización", y que por el momento el Ministerio Público tiene antecedentes que la vinculan a los otros indagados.
Añadió que, en base de ello, "resulta relevante" considerar también "la complejidad de las imputaciones realizadas a otras formalizaciones y a las que están por realizarse, así como las posibilidades que abre la investigación que se encuentra en curso, con diligencias que se encuentran desarrollándose".
Para este viernes también estaba agendada la imputación de cargos al ex magistrado de alzada por negociación incompatible, tráfico de influencias por nombramiento irregular e incremento patrimonial injustificado. Sin embargo, no pudo asistir a la cita por, presuntamente, temas de salud.
Ante ello el tribunal agendó para el próximo 15 de noviembre la nueva audiencia, donde, según informó Barros, también se imputará el delito de estafa procesal.
