SANTIAGO.- El largo historial de conflictos entre el Tribunal Constitucional (TC) y la Corte Suprema (CS) tomó un nuevo impulso este lunes, cuando la Tercera Sala del máximo tribunal rechazó un recurso de protección presentado por la Confederación Nacional de Funcionarios de Chile (Asemuch) contra el TC, después de que el organismo declarara inaplicables las normas de tutela laboral en funcionarios públicos.
Con su decisión, la Corte abrió una puerta: la de afirmar que las decisiones del Tribunal sí pueden ser revisadas por el Poder Judicial, pese a que "no existe ninguna duda respecto de la autonomía e independencia", según dicta el fallo. "Aquello no significa que, por su calidad de órgano autónomo, todas sus actuaciones queden al margen de la revisión que pueda hacer la jurisdicción", consta.
La resolución no cayó bien en el TC y con rapidez se reunieron todos los miembros que integran la magistratura, quienes elaboraron una declaración pública. En la voz de su presidenta, María Luisa Brahm, el TC se declaró sorprendido ayer por el actuar de la Corte. "Pretenden rediseñar el esquema de competencias constitucionales", dijo.
El fallo, a su juicio, otorga "competencias al juez ordinario para revisar qué parte del contenido de nuestras sentencias es vinculante y, en consecuencia, sugiriendo que actuamos fuera de la Constitución". "No está en juego quién tiene la última palabra, conforme al principio de separación de poderes", finalizó Brahm.
Desde la Corte han intentado bajar la tensión al conflicto. "Esto no es una guerra mundial", dijo el vocero Lamberto Cisternas a radio Bío Bío. "No se ha abierto ninguna puerta para que en lo sucesivo los fallos del TC sean objetados por la vía del recurso de protección", aseguró después a La Tercera.
En tanto, el presidente del organismo, Haroldo Brito, señaló esta jornada que "es un asunto particular" y que el conflicto no tendría "tremendas proporciones". "Aquí no estamos enfrentados en este momento a un quiebre o a un riesgo de la estructura jurisdiccional del país, eso yo lo veo de manera clara, lo veo en pleno funcionamiento", añadió.
La polémica escaló hasta el Gobierno, que presentó su preocupación. El ministro del Interior, Andrés Chadwick, pidió este miércoles tiempo para analizar la situación. "Estamos recién viendo la sentencia, conociéndola, viendo los alcances que tiene para formarnos una idea", dijo a la prensa, disculpándose por no tener una opinión más acabada. En el mundo de las leyes, en tanto, sí han surgido duras opiniones.
"Pierde el Estado de Derecho"
"Se trata de una decisión del máximo interés público por la alteración que produce en el diseño constitucional", afirmó el rector de la U. Diego Portales, Carlos Peña, en una carta a El Mercurio. A su juicio, aunque el razonamiento del ministro Sergio Muñoz "revela ingenio", está "errado".
"Se trata de un razonamiento peligroso porque si se le sigue —y (...) no hay razones para hacerlo— se altera el sistema de competencias que la Carta Constitucional ha establecido", aseguró. Se trata, para él, de "un nuevo síntoma" de "la voluntad de subordinar la aplicación de las reglas y las competencias establecidas por las reglas fundamentales al objetivo de alcanzar lo que los jueces estiman es la justicia material".
Por su parte, el profesor de Derecho Constitucional de la UAH, Tomás Jordán, dijo a La Segunda que "parece existir una disputa de cuál es el órgano último en materia constitucional y eso no es así, pues tienen funciones distintas". "Pareciera que la Corte le reprocha al TC la tutela de derechos fundamentales por vía de la inaplicabilidad, pues considera que es su atribución constitucional", expuso.
Es la misma opinión que sostiene José Antonio Viera Gallo, ex ministro del TC. "Me sorprende, porque si hay algo propio del TC en Chile, y en cualquier parte del mundo, es que siempre el TC es la última instancia para resolver los temas de constitucionalidad", dijo al vespertino.
Aunque considera que no se trata de "un conflicto propiamente tal", dice que sus consideraciones "provocan un entredicho bastante insólito y grave". "Lo más increíble es que este entredicho no tiene solución dentro de nuestro sistema constitucional. Si la Suprema persistiera en algún recurso en esta tesis, la única forma de solucionarlo sería que con una reforma a la Constitución se clarifique el asunto", añadió.
El también ex ministro del TC, Jorge Correa Sutil, no considera que "el fallo de la Suprema afirme que las decisiones del TC sean modificables por ella" en tanto se dicten "en el ámbito de su competencia". "Lo sorprendente es que la CS lo diga en un caso en el que ni ella misma acusa al TC de haber exorbitado su competencia", planteó. Aseguró, además, que "ni la Suprema ni el TC están en una situación de suficiente prestigio para ganar con estas fricciones". "Aquí pierde el Estado de Derecho", señaló.
Por su parte, la profesora del Magíster de la UC en Derecho, Marcela Peredo, dijo a El Mercurio que no ve que la autonomía de ninguno de los tribunales esté en juego. "(Sí hay) un tema de competencia que la misma Constitución distingue" y "la aplicación de las competencias es la que estaría en juego", aseguró. "Ellos parecen decir que cualquier acto, por arbitrario o ilegal, lo podrían revisar, más allá de que venga de un órgano autónomo e independiente", finalizó.
