El intendente Sergio Giacaman.
El Mercurio (Archivo)
SANTIAGO.- Paulina Vera, la jefa de finanzas del Gobierno Regional del Biobío, denunció este lunes ante Contraloría al intendente Sergio Giacaman -en materia de conductas de acoso laboral- por pedirle la renuncia y "desvincularla" de su cargo a pesar de estar con licencia médica.
El documento señala que todo comenzó el 24 de septiembre de este año, cuando el intendente
le solicitó que en el marco de un proceso de reestructuración necesitaban su cargo. "Se me solicitó mi renuncia voluntaria al 30 de septiembre, pero que no me alarmara, ya que se harían las gestiones para reubicarme".
"Considerando que solo restaban un par de días para fin de mes, y sin que de forma previa se hubiese tenido una conversación conmigo que pudiese advertirme o alertarme sobre la pérdida de confianza que al parecer habría sobrevenido intempestivamente sobre mi persona, tuve una crisis nerviosa", señala el documento.
Ante esta situación, el día 25 Vera consultó a un neurólogo, quien le otorgó 15 días de licencia y la derivación a un psiquiatra. Paralelo a la recuperación, dijo que "se enteró por la prensa y funcionarios" de que el mismo 24 de septiembre el administrador regional, Pablo Romero, apareció ante los medios "indicando que se me había desvinculado, y que, además, esto se decidió por una supuesta mala evaluación".
"Se me solicitó mi renuncia voluntaria al 30 de septiembre, pero que no me alarmara, ya que se harían las gestiones para reubicarme"
Paulina Vera
Asimismo aseguró que pasando los días, "pese a no existir resolución alguna que declarase vacante mi cargo, el señor administrador
siguió señalando por lo medios que mi despido estaba oficializado desde septiembre".
Además, la funcionaria afirmó que no se declaró la vacancia de su puesto y que además el día 9 de octubre presentó una segunda licencia y que esta fue recepcionada, pero que el día 10 se dio la orden de retener el documento.
Debido a todo lo anterior la afectada solicitó a Contraloría su intervención para que emita un "procedimiento respecto de la legalidad de las conductas del Gobierno Regional".
