SANTIAGO.- Se podría trazar el epicentro hasta Rancagua. Fue en esa fiscalía donde comenzó a expandirse, como una ola, la crisis que hoy aproblema al Ministerio Público. Fiscales investigados y enfrentados entre sí, cifras negativas en términos de gestión y una generalizada crisis institucional que finalmente tocó su puerta: el Ministerio Público, que hoy cumple 20 años, vive uno de sus aniversarios más complejos.
Fue a mediados de abril cuando el fiscal Sergio Moya realizó cuatro denuncias en contra de su superior, el fiscal jefe de la Región de O'Higgins, Emiliano Arias, por supuesto tráfico de influencias en el caso Caval, violación de secreto y presunta obstrucción en dos causas.
Arias calificó las denuncias en su contra como un movimiento cuyo objeto "no era otro que el de destrozar" su imagen. Al Fiscal Regional de Magallanes, Eugenio Campos, se le asignó la tarea de investigar penalmente a su compañero, y al persecutor jefe en Antofagasta, Alberto Ayala, la de elaborar un sumario interno.
El enfrentamiento fue sorpresivo por la cercana relación que Moya y Arias mantenían, y fue recibido con críticas en círculos especializados, que lo atribuyeron a una falencia en el control interno de la institución e incluso a una falta de liderazgo del Fiscal Nacional, Jorge Abbott. Hubo quienes calificaron la acción de Moya como una "insubordinación".
Con los meses, el caso ha seguido su curso. Este lunes, la abogada Marisol Peña, en representación de la Fiscalía Nacional, presentó formalmente ante la Corte Suprema una solicitud de remoción contra Arias, que ya se encuentra suspendido de sus funciones. Se invocaron causales de mal comportamiento y negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones, que fueron detectadas en el sumario administrativo que se le realizó.
El escenario no es auspicioso. "Es un día triste para el ministerio Público", dijo el presidente de la Asociación de Fiscales, Claudio Uribe, a Cooperativa. "Ver al Fiscal Nacional y a un Fiscal Regional buscando abogados para hacerse denuncias en tribunales y que la Corte resuelva, habla de una incapacidad de resolver los problemas de una buena manera", añadió.
Y la crisis, con el paso de los meses, ya dejó de ser exclusiva de la Región de O'Higgins.
Los amargos números
El caso de Arias no es el único que tiene en la mira a un persecutor. Hasta abril de este año, eran 75 los fiscales que tenían investigaciones en su contra. De ellas, solo 24 tuvieron sanciones, lo que equivale un 36%, según informó La Tercera. Las causas investigadas son mal uso del cargo, acoso sexual e incumplimiento de instrucciones, además de tres investigaciones por robo de expedientes con antecedentes.
Los número de las investigaciones tampoco son demasiado optimistas. Según el último boletín estadístico de la Fiscalía de Chile, las causas de este año han terminado en un 12,21% en condenas y 1,33% en absoluciones, lo que da un total de 13,54% casos concluidos en sentencias, por debajo del 17% que se alcanzaba antes de la Reforma Procesal Penal.
13,54% de los casos concluyen en condenas, por debajo del 17% que se alcanzaba antes de la Reforma Procesal Penal
Otra cifra problemática es la de los archivos provisionales, es decir los casos que no logran reunir pruebas suficientes para seguir adelante. En 2009, la tasa se encontraba en un 45,78%, pero en 2017 escaló hasta 27,31%. En el primer semestre de 2019 alcanzó un 52,42%, según el mencionado diario, lo que anticipa un récord negativo para fines del periodo.
La cantidad de juicios orales también ha bajado y los tiempos de tramitación de una causa con salida judicial, por el contrario, han crecido: de los 183 días registrados en 2015, se alcanzaron 290 días en 2019. A ello se suma la diferencia en los resultados investigativos dependiendo de cada región.
El número de persecutores también va a la baja. En julio de 2018 había 754 investigadores a lo largo de todo el país, de los cuales apenas un 33% eran mujeres. Casi un año después, en abril de 2019, Fiscalía Nacional informó vía transparencia que en ese momento había 666 fiscales activos en todo el territorio. Una de las bajas más sensibles fue la renuncia del Fiscal Regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, en julio.
Un liderazgo cuestionado
Los dardos terminan apuntando inevitablemente a la figura de Jorge Abbott, que recibió él mismo una solicitud de remoción de parte de diputados del Frente Amplio que finalmente fue desestimada por la Suprema. "Ha demostrado de una manera bastante expresiva que el cargo le queda enorme", dijo en mayo el abogado de la Fundación Ciudadanía Inteligente, Mauricio Daza.
"La crisis pasa obviamente porque no hay un liderazgo sólido y consistente, y eso genera una situación compleja", añadió a Radio U. de Chile. La institución, a su juicio, "se tiene que proyectar al siglo XXI" y Abbott "es más bien un personaje sacado del siglo XIX". "No está capacitado", dijo.
Abbott y Arias no son las únicas figuras cuestionadas. El caso más reciente lo protagoniza el Fiscal Regional Occidente, José Luis Pérez Calaf, contra quien Abbott inició un sumario por supuesto nepotismo. El persecutor es indagado luego de que su director ejecutivo regional, Rodrigo Lazo, nombrara en un cargo bajo su jerarquía a una persona con la cual mantendría una relación amorosa.
De acuerdo a denuncia, a la que tuvo acceso La Tercera, los funcionarios habrían comunicado en reiteradas ocasiones estas supuestas irregularidades al Fiscal Regional, pero este nunca habría abierto las indagatorias correspondientes. Lo que se investiga son las posibles anomalías en la contratación y si Pérez realmente avaló las conductas de Lazo, que renunció la semana pasada a la Fiscalía Occidente.
Ante el convulsionado escenario, han surgido múltiples críticas a hechos como el que sean los propios fiscales los encargados de investigar a sus colegas, en caso de que se les busque comprobar algún ilícito. El propio Fiscal Nacional ha propuesto reformas en sumarios, investigaciones y nombramientos como una vía de apaciguar la crisis.
"Es importante hacer algún tipo de modificación", dijo Abbott a El Mercurio a fines de mayo. "Lo único que nos parece intransable y que debe respetarse absolutamente es la plena autonomía en la persecución penal".
