SANTIAGO.- Jozo Santic Palomino, director de Finanzas del Ejército; Fernando Grossi García, tesorero de la Tesorería del Ejército; Clovis Montero Barra, subtesorero de la Tesorería del Ejército; y María Luisa Gatica Barrio, jefa de sección del Departamento de Finanzas de la Tesorería del Ejército; fueron acusados este martes por la ministra en visita de la Corte Marcial Romy Rutherford.
Los cuatro funcionarios son apuntados por su presunta responsabilidad en los delitos de fraude al fisco y falsedad en materia de administración militar en la denominada arista Tecnodata III en el marco del fraude en la institución. La responsabilidad reside en la presentación de un total de 43 facturas falsas en los años 2011 y 2012, que causaron un perjuicio fiscal de $41.342.230.
La investigación de la magistrada logró establecer que los funcionarios gestionaron y obtuvieron indebidamente el pago de facturas falsas de la empresa proveedora Tecnodata S.A. con fondos fiscales. El modus operandi comenzaba con llenar las glosas descriptivas con supuestas ventas de insumos computacionales, particularmente de cartuchos de tinta, tóneres y cartridges para el abastecimiento de la Tesorería del Ejército.
Los montos y cantidades eran acordados entre el proveedor y el subtesorero Clovis Montero, quien le encargaba a otros funcionarios la confección de la documentación de respaldo. El objetivo era obtener el pago de las facturas con dineros que estaban dentro del presupuesto anual o con otros que eran por él solicitados a la Dirección de Finanzas del Ejército (DIFE) y entregados para estos efectos a través de remesas extraordinarias.
Una vez que Montero tenía en su poder las facturas y su documentación de respaldo, realizaba maniobras que buscaban obtener, con previo acuerdo, la firma de quien debía recepcionar los insumos computacionales y dar fe del recibo, además de la rúbrica de quienes, en razón de sus cargos, debían otorgar en las actas de recepción adosadas a las facturas el "visto bueno" o "intervine".
Los supuestos insumos computacionales nunca se recibían realmente, generando de esa manera una "apariencia de realidad y veracidad". El "intervine", que normalmente firmaba el mismo subtesorero, y el "visto bueno", que era suscrito en la mayoría de los casos por quien detentaba el cargo de tesorero del Ejército y estaba en conocimiento de estos movimientos, permitían el posterior pago de las facturas falsas.
La investigación de la magistrada estableció que los funcionarios gestionaron y obtuvieron indebidamente el pago de facturas falsas de la empresa proveedora Tecnodata S.A. con fondos fiscales
Así, María Luisa Gatica procedía a autorizar las compras en el portal de ChileCompra según las indicaciones del subtesorero, y luego firmaba las actas de recepción de diversas facturas falsas, dando por ciertos con esa rúbrica hechos que no lo eran, pues no había recibido los insumos computacionales. El fin era "permitir el pago injustificado de las facturas apócrifas".
Luego, las facturas y su falsa documentación de respaldo ingresaban al Departamento de Finanzas y eran cursadas a tramitación, para el posterior pago efectivo del valor a Tecnodata S.A. Luego de la transferencia de fondos desde el Ejército, quien hacía de representante retiraba los dineros, quedándose con una parte —correspondiente al IVA y al 15% del valor de la factura— y entregaba el resto en efectivo o especies a quien había solicitado las facturas dentro de la institución.
Todo lo anterior, según la ministra Rutherford, fue realizado "con conocimiento y autorización del director de Finanzas del Ejército de la época", Jozo Santic. En caso de faltar recursos para el pago de las facturas, procedía a autorizar y disponer la entrega de "remesas extraordinarias" a requerimiento del subtesorero.
También hacía aprovechamento de los dineros, sea "por la recepción de los mismos, que le eran entregados por el subtesorero en efectivo, o a través del recibimiento de especies o de servicios que eran pagados con estos recursos, todos obtenidos en forma ilícita", informó el Poder Judicial.
