"Cinco rasgos distintivos de una inédita crisis" es el título de una nota de
El Mercurio donde se analiza diversos factores que hacen de este estallido social que vive Chile actualmente, un escenario de alta complejidad.
"En un escenario en que las instituciones políticas, judiciales, militares y religiosas están cuestionadas, surge luego de las protestas un vandalismo que ataca bienes de uso común. Mientras tanto, se mantiene la fragmentación política, sin consenso ante la forma de combatir a la violencia", relata en complementación al título.
Así el periodista
Gabriel Pardo enumera estos rasgos:
Una sociedad con sus instituciones devaluadas
El estallido social que detonó luego del alza del pasaje del metro -con protestas que derivaron en incendios, saqueos y vandalismo- sorprendió a Chile en un momento de gran cuestionamiento a las instituciones.
En la última encuesta de Paz Ciudadana dada a conocer hace pocos días, Carabineros había alcanzado su nota más baja desde 2011.
Hace tan solo cinco meses, la encuesta UDD mostraba que el 81% de los chilenos cree que las instituciones están en crisis y revelaba una baja evaluación de autoridades políticas, del Poder Judicial y las fiscalías, del sector empresarial, de las instituciones armadas, de Carabineros y de las iglesias.
Y quizás esto último es, según distintos sectores, un rasgo que en ocasiones anteriores era clave. En episodios de crisis social, la Iglesia Católica tenía una voz preponderante y asumía un rol de garante ante las demandas de polos en conflicto. Hoy, pese a sus llamados a la paz, no es un actor central.
Mientras el Gobierno y el Parlamento intentan controlar la crisis con medidas como el congelamiento de las tarifas del transporte público, y las Fuerzas Armadas y Carabineros buscan poner orden ante los saqueos, no parece haber una mirada transversal sobre cómo abordar la crisis y qué reformas son las que se deben priorizar.
Menor poder disuasivo de las Fuerzas Armadas
La imagen de las Fuerzas Armadas en las calles se había visto en 2010, luego de los saqueos ocurridos en la Región del Biobío, días después del terremoto del 27/F.
En ese escenario su presencia por mandato legal durante el estado de emergencia en las afueras de instituciones públicas y locales comerciales contribuyó, con mayor celeridad que ahora, a mantener la seguridad para controlar los desórdenes.
Este no ha sido el caso. La magnitud de los incendios, los saqueos a tiendas comerciales y ataques vandálicos múltiples en distintos puntos de Santiago y regiones han complejizado la labor militar y la cobertura en las zonas afectadas.
A ello se suma la animosidad de manifestantes ante su presencia en las calles, con insultos y menciones a casos recientes de corrupción que han afectado a la institución, lo que podría incidir en su imagen de autoridad para abordar los escenarios de conflicto.
Las tomas de televisión mostraban cómo, cuando se inició el toque de queda, mientras los camiones blindados patrullaban las avenidas, algunos manifestantes hacían caso omiso de la medida y persistía el bandidaje.
Algo similar ha ocurrido con los efectivos de Carabineros en cuanto a su acción en las calles.
Sectores políticos divididos frente a la condena de la violencia
Uno de los factores que se ha evidenciado en este complejo escenario, señalan distintos analistas, es la fragmentación de los sectores políticos en torno a la condena a la violencia que se vive en las calles y el respaldo a la labor policial y militar para resguardar la seguridad.
Mientras en el
Frente Amplio o en el
Partido Comunista, el diputado
Gabriel Boric o el alcalde
Daniel Jadue han salido a las calles a increpar directamente a las fuerzas de Carabineros y a los efectivos del Ejército -que por mandato legal deben realizar patrullajes y evitar los desórdenes-, desde Chile Vamos, el presidente de RN,
Mario Desbordes, y algunos parlamentarios de la ex Nueva Mayoría han hecho llamados a respaldar la acción de los uniformados para resguardar el orden público.
La pugna también se trasladó al Parlamento cuando se realizó una sesión para votar el congelamiento de las tarifas del transporte público. En esa instancia, el diputado de Revolución Democrática Giorgio Jackson llamó al Ejecutivo a desmilitarizar de manera urgente las calles, lo que fue criticado por la vocera de gobierno, Cecilia Pérez, aludiendo a sus palabras como parte de una "inmadurez tremenda". Desde el oficialismo volvieron entonces a criticar que el Frente Amplio y el PC pusieran en duda las acciones para repeler los saqueos y el vandalismo.
Infligir daño a bienes de uso común y ciudadano
Otra de las características que han marcado esta crisis es que los ataques se han centrado no tanto en símbolos de autoridad como instituciones del poder político, sino en bienes de uso común, habitualmente respetados por la ciudadanía y de carácter masivo.
El caso del metro es paradigmático.
Si bien la evasión se inició luego del alza de la tarifa de ese medio de transporte, lo que vino después, con la quema de las estaciones y la destrucción de sus instalaciones, ha significado no solo una pérdida millonaria para la Región Metropolitana: se ha traducido en que una especie de baluarte del progreso de Santiago, que se ha ido extendiendo por distintas comunas en los últimos años, quede prácticamente inservible y deje a miles de chilenos sin uno de sus medios de transporte esenciales para la vida en la ciudad.
Esa "herida", que será difícil de recuperar, ha significado que vecinos comiencen a reaccionar en defensa de los sectores afectados, saliendo a las calles y limpiando sectores que han sido gravemente dañados.
Lo mismo ha ido sucediendo con barrios, locales comerciales y supermercados. Luego de que fuesen vandalizados por turbas que buscaban saquearlos, personas se han ido uniendo para cuidar la ciudad y evitar que se agraven los daños.
La masiva propagación de noticias falsas
Las noticias falsas no son una novedad. Ya habían circulado por la red social WhatsApp durante los numerosos incendios en 2017 en distintos puntos de la zona central, confundiendo a la ciudadanía.
En esta crisis, sin embargo, proliferan de manera más agresiva y organizada en distintas redes.
El sábado por la tarde apareció un supuesto comunicado del Ejército en que se decretaba toque de queda y se mencionaba al "general de División Rodrigo Urrutia Oyarzún" a cargo de la emergencia.
Aunque el general a cargo es Javier Iturriaga y es él, como jefe de la Defensa en la zona de emergencia, quien tiene la potestad de decretar el toque de queda, el falso comunicado se difundió en redes sociales e incluso medios radiales lo leyeron textualmente al aire. La institución castrense comunicó su completa falsedad.
Otro ejemplo fue un falso comunicado atribuido a la dirigencia del Frente Amplio con el título "Guía para realizar plan Punto Final". El texto se viralizó en redes y señalaba "Debemos forzar a que los climas de violencia en la calle se extremen, tanto en La Araucanía como en distintas marchas". Cuando el conglomerado recibía críticas en las redes sociales, varios de sus dirigentes salieron a explicar que no era verdadero.
