SANTIAGO.- Durante los últimos días y en el contexto de la crisis social que afecta a Chile, varias comunidades, gremios, organizaciones y hasta equipos de fútbol han llamado a la realización de cabildos para conversar sobre lo que está ocurriendo en el país con el objetivo de canalizar las demandas que han empujado a las movilizaciones.
Si bien el foco de estas instancias de conversación -canalizadas por el movimiento Unidad Social, integrado por Luis Mesina, Bárbara Figueroa y Mario Aguilar, entre otros- no es una nueva Constitución, una de las temáticas que ellos plantean para que quienes asisten a estos cabildos es si es necesario o no una asamblea constituyente.
Este tema también está siendo discutido en el Parlamento, donde legisladores de oposición han anunciado la presentación de reformas constitucionales que apuntan a generar una nueva Carta Magna.
En paralelo, el Gobierno anunció la realización de "encuentros ciudadanos" dirigidos por los municipios para que los chilenos canalicen sus demandas, todo eso en medio de que el Presidente Sebastián Piñera no descartara una "reforma estructural", pese a la resistencia oficialista a una nueva Constitución.
No es primera vez que los chilenos participan de este tipo de instancias y el último episodio fue lo ocurrido en la administración de la ex Presidenta Michelle Bachelet cuando en abril del año 2016 y en el marco del Proceso Constituyente que inició, se hicieron los llamados encuentros locales autoconvocados (ELA).
"ELA"
Los ELA fueron la primera etapa en la que los chilenos pudieron plantear sus demandas y temas de interés que luego, según la promesa de la ex Mandataria, serían las bases para reforma constitucional que ella impulsaría.
Estos encuentros se crearon en torno a una institucionalidad, en la que participó el Centro de Estudios de la Argumentación y el Razonamiento (CEAR), de la Universidad Diego Portales, y posteriormente se formó un Consejo de Observadores integrado por 16 personas de diferentes áreas y presididos por el militante DC Patricio Zapata.
Al abogado constitucionalista lo acompañaron durante dos años referentes como el futbolista Jean Beasejour; el empresario Roberto Fantuzzi; el ahora presidente de Evópoli, Hernán Larraín Matte; la presidenta de la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadoras de Casa Particular, Ruth Olate; la baterista de Los Jaivas, Juanita Parra, entre otras figuras principalmente abogados.
Todos ellos trabajaron el proyecto de reforma a la Carta Magna que finalmente Bachelet ingresó al Congreso, pero solo cinco días antes de dejar La Moneda.
Fueron 8 mil los encuentros locales autoconvocados -que se realizaron entre abril y junio de ese año- y 28 temas, divididos en cuatro ítems, los que se establecieron como prioridades para los participantes.
Al finalizar esta fase (que también incluyó consulta individual, cabildos provinciales y cabildos regionales) se elaboraron las Bases Ciudadanas, que fueron el insumo para la reforma. En ellas se concluyó que hubo seis valores y principios que fueron prioridad para quienes participaron: democracia, igualdad, descentralización, justicia, respeto/conservación de la naturaleza o medio ambiente y bien común/comunidad.
Las prioridades
Así se definió -según estos encuentros- que la justicia debe ser igual para todos, sin un sistema de justicia militar y con una perspectiva de etnia y pueblos originarios.
La Democracia se entiende como el único sistema de gobierno válido. Debe ser participativa e incluir la posibilidad de llevar a cabo plebiscitos y referéndums, educando sobre este valor y con cargos públicos rotativos y límites en la reelección. Además, se indica que el Estado debe garantizar la participación ciudadana en toma de decisiones.
Asimismo el respeto por el medio ambiente y conservación se destacó como una forma de cuidar la propia especie humana. En ese ítem también se señaló que se deberían nacionalizar los recursos naturales.
Respecto a la igualdad se propuso que debe ser económica y social de derechos y oportunidades. En ese aspecto se mencionaron conceptos como equidad ante la ley, equidad de género, acceso a la justicia, inclusión, igualdad ante los derechos y acceso de oportunidades.
Sobre la descentralización se señaló que esta debe entender como el "deber de un reconocimiento real de los territorios para que puedan decidir cómo quieren desarrollarse según su realidad, respetando la diversidad de naciones y principios multiculturales, con mecanismos de participación y poder local para la toma de decisiones. Ésta debe ser a nivel nacional, regional, provincial y comunal, incluyendo una distribución equitativa de los recursos. Las desigualdades intrarregionales deben ser compensadas, considerando la particularidad de distintos territorios".
También se mencionó el respeto a los Derechos Humanos, y se indicó que estos deben ser incluidos en todo el proceso educacional de formación cívica, incluyendo a las Fuerzas Armadas.
Las bases ciudadanas señalan que el Estado debe ser responsable del resguardo del patrimonio histórico y cultural, instalando mecanismos de promoción cultural con fines públicos.
En las conclusiones del informa también se habla de un Congreso unicameral que cumpla la función "legislativa y fiscalizadora que tiene, agilizando el trámite parlamentario y rebajando los recursos que se gasten al mantener dos cámaras".
Asimismo se propuso un "defensor del pueblo". Esta entidad se indicó debía ser autónoma, con un patrimonio propio y descentralizado para ayudar en la defensa de los derechos ciudadanos "contra los abusos de los poderosos y del propio Estado".
Por último se señaló que las FF.AA. deben estar subordinadas al poder civil para no repetir el quebrantamiento de la institucionalidad. Deben ser democráticas no discriminatorias subordinadas al poder civil, eliminando ley reservada cobre y sin justicia ni previsión especial.
