Críticas a la inteligencia, preocupación por los DD.HH. y reparos a su convocatoria: Lo que revela el acta del Cosena

En el documento, que se hizo público tras la solicitud del presidente del Senado, Jaime Quintana (PPD), se informa que el Mandatario realizó un balance del estado del país tras la serie de protestas y casos de vandalismo ocurridos en el país a partir del 18 de octubre pasado. Sin embargo, su decisión de convocar a la instancia fue criticada por el Poder Legislativo y la Contraloría.

Luego de escuchar la introducción del Mandatario, en la cual justificó su determinación, el titular de la Cámara Alta manifestó que no comparte la convocatoria al Consejo. "Señala que lo que existe hoy es un problema de orden público que se debe solucionar con las herramientas con que cuenta el ordenamiento jurídico", dice el texto.

La misma postura expresó el presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores (DC), quien dejó constancia de que "no comparte la convocatoria a esta sesión, para informarlos de cuestiones que ya se conocen (...) Quienes tienen cargos de responsabilidad en el Estado, indica, no pueden permitirse la posibilidad de generar confusión. Cuando se convoca a este Consejo, tienen una responsabilidad frente al país".

En la misma línea, el Contralor General, Jorge Bermúdez, señaló que la regulación del Cosena se encuentra en la Constitución, "no pareciéndole la convocatoria realizada. Expresa que se trata de un resabio de una época pretérita de nuestra República, en que el poder civil estaba supeditado al poder militar".

"En su opinión, no habría argumentos para entender que estamos frente a un problema de seguridad nacional, ya que aquí hay un problema de orden público, lo que amerita otro tipo de soluciones", dijo el titular del ente fiscalizador según el acta.

Ante ello, el ministro de Defensa, Alberto Espina, replicó que el Cosena "fue modificado el año 2005, durante el Gobierno de Ricardo Lagos, en plena democracia, estableciéndose nuevas funciones y estructura, por lo que no corresponde decir que es un resabio del pasado, sino que es producto del debate legislativo que se dio en el Congreso".

Otro tema que fue abordado en el encuentro fue la preocupación por las violaciones a los DD.HH. ocurridas durante el estado de emergencia y en los días posteriores. Para el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, "una condición básica para restablecer la confianza y la tranquilidad es la observancia de los derechos humanos, especialmente por parte de las instituciones que deben velar por tales derechos y hacer que se cumplan".

"Como Poder Judicial, se han preocupado de que los jueces vayan a las comisarias en búsqueda de información, para que las personas no tengan la incertidumbre de cómo están sus familiares. Esta es una condición básica para restablecer el orden y la mejor convivencia", reza el documento.

La misma postura manifestó Quintana, quien levantó su preocupación "por los casos de personas que han resultado heridas en las manifestaciones y sobre las medidas que se han tomado para que dichos casos no sigan aumentando. Se solicita se autorice la visita de una misión de la CIDH".

Ante ello, Piñera recordó que "las reglas del Uso de la Fuerza y los Protocolos para el Mantenimiento del Orden Público, revisados el 2018 y elaborados con la colaboración de organismos internacionales, han sido reiterados a las jefaturas correspondientes, instruyendo que todas las actuaciones deben adoptarse conforme a dichas reglas".

Además, el jefe de Estado comentó que "se instruyó la adopción de medidas especiales de respeto a las personas detenidas, el debido resguardo a los derechos humanos y se dispuso la adopción de todas las medidas de transparencia", junto con informar que se "tomó contacto con el INDH, organismo autónomo, dándole todas las facilidades para cumplir con su mandato legal y tener pleno acceso a los lugares o recintos requeridos para cumplir con dicho mandato".

En la sesión, Bermúdez también planteó su preocupación por el déficit en inteligencia que se evidenció tras la serie de ataques a estaciones del Metro y advirtió que "poco se sabe sobre qué falló para que el país llegara a la situación en que está. Se gastan muchos recursos en Inteligencia, por lo que me gustaría saber qué ocurrió y porque no se tomaron medidas preventivas para evitarlo".

La misma preocupación planteó Flores, quien advirtió que "la inteligencia está atomizada en las distintas ramas de las policías y Fuerzas Armadas, por lo que existe un problema frente a la capacidad de adelantarse a los hechos".

Ante ello, el Comandante en Jefe del Ejército, Ricardo Martínez, expresó que "respecto a las Fuerzas Armadas, les está vedado realizar operaciones de inteligencia interna, solo residual respecto a Carabineros o la PDI. Sugiere que se avance en una Ley de Inteligencia, y así poder adelantarse a las acciones disruptivas".

Lo mismo señaló su par de la FACh, Arturo Merino, quien reconoció que el sistema "debe ser modificado en cuanto a sus funciones y capacidades", posición que fue respaldada por Espina, quien expresó que "espera que el Congreso despache a la brevedad el Proyecto de Ley sobre Inteligencia".

El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, reforzó ese punto y recordó que en la Agenda de Orden Público del Gobierno hay proyectos prioritarios como modernizar el Sistema de Inteligencia, "cuya tramitación ha sido reforzada por las urgencias presentadas y permitirá anticiparse y reaccionar para poder sancionar los delitos que atentan contra la seguridad de las personas".

Al cierre del encuentro, Piñera coincidió en que el actual sistema "presenta graves falencias. Es clara la diferencia entre la Inteligencia que realiza las Fuerzas Armadas, de la que realiza Carabineros y la ANI", por lo que recalcó que "es indispensable que se apruebe el proyecto de ley enviado por el Gobierno y que se encuentra desde hace más de un año en el Congreso, que reforma y moderniza integralmente nuestro Sistema de Inteligencia Nacional, recogiendo las experiencias de los países más avanzados en esta materia".