"Destroyer"o "Raptor", eran algunos de los apodos que funcionarios de Carabineros de Concepción estaban utilizando en sus uniformes -en vez de sus nombres reales- durante manifestaciones en la ciudad. Las imágenes fueron captadas por un fotógrafo local y rápidamente viralizadas a través de redes sociales la semana pasada.
En medio de la controversia, Contraloría ofició a la institución uniformada para que explique la situación y le dio un plazo de dos días hábiles para que dé cuenta de las "acciones ejecutadas frente a funcionarios que incumplen el uso de identificación o utilizan nombres de fantasía".
Así, según consignó el diario El Sur de Concepción, Carabineros ya despachó el informe solicitado.
Según expuso ayer el general Rodrigo Medina, y tras asegurar no compartir la acción realizada por los uniformados, que ya estarían identificados, sostuvo que los involucrados y sus familias habían sido amenazados de muerte, hechos que, afirmó, fueron denunciados ante el Ministerio Público.
"Acá hay una acción que yo no avalo, pero tampoco comparto que se amenace a un funcionario público. Cada carabinero sabe que actuó de esa forma y creo que muchas veces es mejor prevenir que lamentar la muerte por una persona desquiciada", indicó.
Dicho eso, comentó que desde la institución no se está elaborando un sumario o investigación interna "porque están claramente establecidos (los hechos). No hay necesidad de aplicar una investigación cuando tú tienes los hechos claros, categóricos (...), y eso también está en el dictamen de Contraloría", agregando que las eventuales sanciones que correspondan deberán aplicarlas los jefes directos de cada efectivo.
"Ese funcionario público tiene el derecho al debido proceso", dijo, argumentando que cada funcionario que utilizó apodos encaró de "una manera distinta la situación que estaba enfrentando y tendrá que responder dentro de su proceso administrativo", cerró.
