Contaminación en la bahía de Quintero.
El Mercurio
El Juzgado de Garantía de Talcahuano ordenó firma mensual y arraigo nacional a los seis ejecutivos de la empresa Enap por delitos medioambientales de las comunas de Talcahuano, Quintero y Puchuncaví durante agosto de 2018.
La fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, sostuvo que la instancia "la tomamos con mucha tranquilidad, con satisfacción, pero sabiendo que estamos, seguramente, ni a la mitad del camino". Además, indicó que respetan la decisión de los magistrados, planteando que "no tenemos absolutamente nada que decir respecto a la decisión de los jueces".
Por su parte, la fiscal especializada en delitos medioambientales, Ana María Aldana se refirió a las bajas condenas que existen para este tipo de ilícitos, planteando que es "una sensación extraña tener penas muy bajas con trabajos muy exigentes para poder acreditas hechos y participación (...) delitos de esta gravedad, con impacto tan fuerte en la comunidad, la verdad que requieren, estimo, penas más elevadas, pero es una labor que no nos compete a nosotros", sentenció.
El Tribunal ordenó 18 meses de plazo para la investigación, situación que fue valorada por Aldana, quien planteó que "este tipo de causas son extraordinariamente complejas, requieren no solamente un trabajo de investigación, sino que también el apoyo de muchos peritos, de muchos especialistas. Por eso, vamos a utilizar todos los recursos que tenemos a nuestra disposición para tratar de llegar lo más cercano a determinar exactamente lo que ocurrió".
Recordar que la Fiscalía les imputó la propagación de elementos contaminantes al medioambiente, específicamente referidos al mal manejo del petróleo Iranian Heavy, que según los antecedentes, habría sido el causante de la contaminación.
"Enap: Las medidas adoptadas son las esperables"
Desde Enap emitieron esta mañana una declaración pública donde valoraron la decisión del Tribunal y plantearon que "las medidas cautelares adoptadas por el Juzgado de Garantía de Talcahuano son las esperables para este caso. La decisión del tribunal deja en evidencia la irresponsabilidad por parte de algunos abogados querellantes de solicitar la medida cautelar de prisión preventiva. Esto, considerando que se basaba en antecedentes incompletos o derechamente falsos".
Por su parte, el abogado de los trabajadores de Enap, Cristián Muga planteó que "este pronunciamiento comprueba que los trabajadores imputados no son un peligro para la sociedad", argumentando que "todas las instancias de investigación judicial y administrativas realizadas hasta ahora han confirmado que no es posible atribuir responsabilidad a los trabajadores de la compañía por estos eventos, lo que se refuerza además por el hecho de que luego de que las instalaciones de la empresa fueron detenidas, los casos de intoxicación continuaron, con más de 1.300 atenciones en centros de salud posteriores a la paralización de la empresa".
"Por eso el Tribunal indica expresamente en su resolución de hoy que 'hace perder fuerza' a las alegaciones de los querellantes el hecho de que existan casos de atenciones de salud posteriores a la detención de operaciones en el terminal de ENAP y declara su interés en indagar otras posibles causas", complementa el comunicado.
Por último, sostienen que "esta etapa de la investigación permitió a ENAP demostrar que el crudo iraní es un insumo altamente comercializable a nivel mundial y que las seis personas imputadas manejaron ese producto adecuadamente y en condiciones de operaciones seguras".
