El fiscal nacional,
Jorge Abbott, se defendió esta mañana de los abogados penalistas que cuestionaron la decisión de la fiscalía de solicitar una audiencia de salida alternativa para 26 imputados por un saqueo a un supermercado emplazado en la comuna de Conchalí el pasado 21 de octubre. El hecho ocurrió en pleno estado de emergencia y el Gobierno se querelló por Ley de Seguridad Interior del Estado.
Ante ello los abogados Samuel Donoso, Jorge Bofill y Gabriel Zaliasnik afirmaron a El Mercurio que dicha salida alternativa es una "pésima señal", calificándola como un "abandono de deberes grave en los momentos que atraviesa el país" y deslizando que esto significa que el Ministerio Público "simplemente no investigó estos hechos" y apuntando a una "ausencia de política criminal".
Según expuso Abbott a Tele13 Radio, "efectivamente se solicitó esa audiencia" y se están haciendo "todos los análisis necesarios para ver si efectivamente se justifica, y para eso se convocará a los querellantes (para determinar) si se justifica que se llegue a una suspensión condicional".
"Cabe hacer presente que en estos hechos hay situaciones de muy baja gravedad en algunos casos, o situaciones en las cuales el Ministerio Público tiene muy poca prueba, y en consecuencia lo más probable es que nos enfrentemos a alguna absolución o a alguna pena absolutamente irrisoria que al final del día pueda ser razonable llegar a una suspensión condicional", agregó.
Dicho eso, el jefe del Ministerio Público recalcó que "lo que sí nos llama la atención es que nuestros críticos son precisamente quienes han sido abogados de empresas o instituciones o personas que han accedido a suspensiones condicionales por hechos que han sido particularmente graves también. Por ejemplo en el caso Penta, en el caso SQM, en el caso del senador Iván Moreira".
"Nos llama la atención que en este caso se haga presente una severidad que no tuvieron respecto de quienes ellos representaron en algún minuto", subrayó Abbott.
Sobre las palabras de Bofill, quien expuso que el Ministerio Público no investigó estos saqueos, el fiscal nacional sostuvo que "al contrario. Él es querellante y en consecuencia si es querellante debe conocer la existencia de diligencias decretadas en esa investigación que es una de las razones que además va a tener en cuenta el fiscal regional Xavier Armendáriz para tomar resolución de lo que dice relación con la suspensión condicional", por lo que indicó que antes de hacer declaraciones públicas, "creo que sería bueno que los querellantes revisaran el avance de las investigaciones".
Y en cuanto al mensaje que se transmite a los saqueadores con este tipo de medidas, Abbott manifestó que esto tiene el "mismo valor simbólico que se tiene respecto de las otras suspensiones condicionales, cuando se trata de fraude tributario, cuando se trata de personas que inventan boletas para rebajarlas en las empresas de sus cónyuges, etc".
"Lo que me extraña es lo incisivo de las críticas a diferencia de lo que ha ocurrido con otros querellantes que nos pidieron audiencias para conversar en estos mismos casos sobre cuál es el criterio que nosotros estábamos usando. Echamos un poco de menos esa forma de relacionarse con el Ministerio Público y no estas denuncias partiendo de hechos que dan por cierto pero que aún no están absolutamente materializados", agregó.
"Lo que sí nos llama la atención es que nuestros críticos son precisamente quienes han sido abogados de empresas o instituciones o personas que han accedido a suspensiones condicionales por hechos que han sido particularmente graves también. Por ejemplo en el caso Penta, en el caso SQM, en el caso del senador Iván Moreira".
Jorge Abbott
Además, el persecutor llamó a que todos los aparatos del Estado a que se pongan "
al servicio del reproche penal intenso para aquellas personas que han cometido delitos especialmente violentos, no al manifestante o a la persona que comete un delito de oportunidad y que no tiene antecedentes anteriores. Las respuestas deben ser distintas, muy duras respecto a los violentistas, respecto de quienes usan bombas molotov, que generan incendios, los que lesionan a carabineros".
"Pero hay otras personas que se ven involucradas en hechos que no tienen ese grado de lesividad y, en consecuencia, lo que corresponde es darle una salida diferente. Aquí no podemos señalar a todo el mundo, porque si no lo que estaríamos haciendo es criminalizar un movimiento social que ha sido especialmente legítimo en cuanto no constituye o no ha generados daños o perjuicios. Aquí hay un pequeño grupo de personas que son los que cometen los desmanes. Ellas son el foco", concluyó.
