SANTIAGO.- Será el ministro Mauricio Silva quien recibirá la prueba en el marco del proceso de remoción del suspendido fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, solicitada por su superior, el nacional Jorge Abbott.
Así lo resolvió el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, quien además fijó audiencias para recibir la evidencia ofrecida por las partes en el proceso para las 09:00 del jueves 19 y viernes 20 de diciembre, diligencia que se llevará a cabo en el Palacio de los Tribunales de Santiago.
"El Ministro señor Silva Cancino podrá disponer todas las medidas necesarias para dar cumplimiento al encargo, determinando el orden de recepción de la prueba y resolviendo los incidentes que se planteen con ocasión de su rendición, quedando facultando para fijar tantas audiencias como sean necesarias para ello, siempre que el impedimento para concluir en las fechas indicadas no sea imputable al oferente de la prueba pendiente", sostiene la resolución que lo designa.
Fue a fines de septiembre cuando Abbott resolvió, en el marco de un proceso administrativo llevado en contra del regional y sobre la base de lo que tildó como un "mal comportamiento y negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones", imponer a Arias la máxima sanción contemplada para un miembro del ente persecutor, consistente en la suspensión del ejercicio del cargo por un plazo de dos meses con un goce de media remuneración, la cual ya extendió.
Así también, solicitó a la Corte Suprema iniciar el proceso de remoción por 12 cargos, entre ellas la reiteración de conductas alejadas de la normativa institucional y la filtración de información confidencial.
Por su parte, Arias respondió, asegurando que los persecutores regionales no tienen responsabilidades políticas, y que se le busca expulsar por hechos prescritos o que ni siquiera dieron origen a investigaciones disciplinarias, entre otros argumentos. Para el proceso, cuenta con el testimonio de sus ex jefes directos, el ex fiscal nacional Sabas Chahuán, y la ex regional Occidente, Solange Huerta, además de un informe jurídico del ex supremo, Urbano Marín.
