El informe publicado este viernes por la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, respecto a los casos de abusos que han ocurrido en Chile en el marco de la crisis social, ha traído múltiples reacciones dentro del mundo político y jurídico.
En ese sentido, ahora fue el turno del presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, quien destacó el documento divulgado por el organismo, cuyo contenido denuncia "un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos" en el país cometidos por agentes del Estado.
"Los informes de la ONU en estas materias son informes universalmente acreditados. Y lo primero que puedo decir es que son informes que tenemos que tomar con toda seriedad. Han explicado su metodología, hay una trayectoria en estas preocupaciones, lo que nos tiene que hacer pensar que disponemos de un informe digno de ser tomado en cuenta", comenzó diciendo Brito.
Según dijo, desde el Poder Judicial ya han empezado a trabajar en algunas de la recomendaciones que incluye el informe, y que en algunos casos incluso "hay circunstancias ya superadas".
"Manifestamos que era de la esencia fortalecer las acciones y el reconocimiento de los derechos fundamentales. (En las primas semanas) Había muchísimos detenidos, y la familia, las personas pedían antecedentes sobre los detenidos. Nos llamó muchísimo la atención que en un comienzo no se atendiera a los abogados en los recintos policiales, las comisarías fundamentalmente", cuestionó.
Esto, a pesar de que dichas normas "están reconocidas en la ley" y siendo "un criterio universal el facilitar las defensas de las personas que se encuentran detenidas".
"Por eso instamos y recomendamos en esa comisión (de la ONU) que se entregara un instructivo para hacer más eficiente la operatoria en este tipo de asuntos", subrayó.
Sin embargo, Brito reconoció que existe preocupación por el documento, especialmente respecto a los casos de violaciones a los DD.HH. que prontamente deberán ser revisados, y por las críticas que se efectuaron a los datos y antecedentes manejados por el Poder Judicial durante el estallido.
"Cuando las Naciones Unidas nos dice que los registros son imperfectos, es una cuestión que ya está asumida. Dejamos trabajando una mesa para entregar más detalles. Pero se ha avanzado muchísimo en eso", acotó.
