Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren.
Aton
El pasado 18 de octubre comenzó el llamado estallido social que no sólo significó masivas movilizaciones y ataques -como la quema de estaciones de Metro-, sino que también una serie de demandas ciudadanas a las que el Gobierno busca atender, junto con conservar el orden público.
En ese contexto, el Presidente Sebastián Piñera recurrió al Estado de Emergencia que significó toque de queda en varias regiones del país.
Con el pasar de la crisis, las denuncias de violaciones a los derechos humanos no tardaron en aparecer y comenzaron a ser reportados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
Así, distintos entes llegaron al país: Amnistía Internacional, Human Rights Watch (HRW), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU. Todos ellos, emitieron informes que abordan diversos puntos, aunque todos coincidieron en el uso de violencia sexual, tortura y tratos crueles, especialmente por parte de Carabineros.
Amnistía Internacional - 21 de noviembre
Desde Amnistía Internacional (AI) fueron tajantes, sosteniendo que la situación que de Chile se podía calificar como "una gravísima crisis de derechos humanos", apuntando a que las fuerzas de seguridad chilenas tenían como intención "lesionar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta", destacando tratos crueles, torturas y violencia sexual.
Además, aseguraron que no se tratan de "
hechos aislados o esporádicos, sino que responden a un patrón.
Ante ello, desde La Moneda fueron enfáticos y defendieron que "han adoptado una serie de medidas correctivas para reforzar la adecuada aplicación de los protocolos del uso de la fuerza", y manifestaron su rechazo categórico el texto, "el que sin siquiera solicitar información al Gobierno, pretende establecer una política deliberada para dañar a los manifestantes".
"El informe que hemos conocido hoy, lamentablente, incluye aseveraciones irresponsables", sostuvo el Ejecutivo en voz de la subsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Lorena Recabarren.
Human Rights Watch (HRW) - 26 Noviembre
El informe emanado por Human Rights Watch (HRW) denunció "graves violaciones a los derechos humanos" que atribuyó a Carabineros, por lo que llamó a reformar la institución "de manera urgente".
A diferencia del texto emanado por AI,
no alude a un actuar sistemático de dolo por parte de la institución, pues dijeron que no contaban aún con los antecedentes necesarios para advertir sobre este punto. Sin embargo, sí coinciden con Amnistía en
la presencia de torturas, violencia sexual y trato desmedido.
Ante este escenario, Recabarren leyó un comunicado emanado del Ejecutivo donde aseguraron valorar las conclusiones, aunque reconoció que las recibían con "preocupación y dolor".
"(El informe) nos entrega una serie de antecedentes que sin duda nos preocupan y que por supuesto recibimos con dolor, pues da cuenta de graves vulneraciones a los derechos de las personas, incluyendo denuncias de abusos, malos tratos y violencia sexual", sostuvo.
En tanto, hizo énfasis en que las recomendaciones sobre Carabineros son parte del objetivo central del proyecto de Ley que busca modernizar la institución, y aseguró que el Gobierno ha comprometido sus esfuerzos para que los hechos denunciados "sean investigados en forma transparente por el Ministerio Público y juzgados por los tribunales de justicia".
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) - 6 de diciembre
"CIDH condena el uso excesivo de la fuerza en el contexto de las protestas sociales en Chile, expresa su grave preocupación por el elevado número de denuncias y rechaza toda forma de violencia", sostiene el comunicado emitido el pasado 6 de diciembre por parte de la entidad de la Organización de Estados Americanos (OEA) para referirse a la situación en Chile tras el estallido social.
Además, manifestaron "su grave preocupación por el elevado número de denuncias de violaciones a los derechos humanos recibidas por los órganos del Estado desde el inicio de las manifestaciones". En línea con lo emanado en los informes de Amnistía Internacional y HRW, la CIDH también dice haber recibido información que señalaba hechos de violencia sexual, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes "
en el contexto de las detenciones".
Esa misma jornada, el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, respondió valorando y agradeciendo el contenido del texto, especialmente en los puntos donde la entidad reconoce y saluda "el compromiso del Presidente de la República a efectos de que los casos denunciados sean debidamente investigados, juzgados y sancionados, así como el de asistir a las víctimas de su recuperación".
Además, manifestaron compartir la preocupación en materia de DD.HH., y también sobre "el elevado número de personas que han sufrido traumas oculares", por lo que enfatizaron en la suspensión del uso de escopetas asociadas a estas lesiones y anunciaron la puesta en marcha de un Programa Integral de Reparación Ocular".
Informe ONU - 13 de diciembre
El más reciente informe emanado desde la Organización de Naciones Unidas (ONU) tuvo rápida reacción por parte del Gobierno. En el texto, se revelan graves y reiteradas violaciones a los derechos humanos, cometidas principalmente por Carabineros. Además, aseguran que ciertas vulneraciones, "en particular el uso indebido de armas menos letales y los malos tratos, son reiteradas en el tiempo, en el espacio y con respecto a quienes son los supuestos perpetrados y la víctimas".
Al respecto, Lorena Recabarren,
lamentó las denuncias contenidas en el texto emanado por el equipo de la Alta Comisionada para los DD.HH., Michelle Bachelet, donde, al igual que en los informes anteriores, se establece un
uso excesivo o innecesario de la fuerza, lesiones, tortura, malos tratos, violencia sexual y detenciones arbitrarias.
Además, destacó que el Ejecutivo ha revisado con atención el contenido y han tomado nota de las mismas. "Algunas de ellas, como las referidas a Carabineros, ya están siendo implementadas; otras, estudiadas por el Comité Técnico Asesor a propósito de recomendaciones similares que ya hizo en su momento la organización Human Rights Watch, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría de la Niñez".
Según confirmó Recabarren, cada una de estas denuncias "está siendo investigada por el Ministerio Público y será sancionada de acuerdo a lo que determinen los tribunales de justicia".
