Durante la tarde de este domingo se dio por finalizada la segunda etapa de la formalización de los 21 presuntos responsables de participar de una red de corrupción al interior de
Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), y que incluiría además a otras reparticiones y carteras del Estado.
En la instancia, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago dictó prisión preventiva para siete de los imputados: cuatro ex funcionarios públicos y tres personas naturales, quienes según los primeros antecedentes colaboraban con el grupo apuntado.
La medida se extenderá durante los ocho meses que durará la investigación del caso.
En tanto, el otro sospechoso que restaba quedó con arresto domiciliario nocturno, firma mensual y arraigo nacional, pese a que la Fiscalía Centro Norte había pedido prisión para todos.
Este número se suma a las 13 personas que fueron formalizadas ayer sábado, quienes en su mayoría recibieron la medida cautelar de firma mensual, arraigo nacional y prohibición de acercarse entre ellos, mientras que sólo un imputado quedó con arresto domiciliario nocturno.
Durante la audiencia, el tribunal acogió gran parte las pruebas presentadas por los fiscales a cargo Francisco Ledezma, Ximena Chong y Daniel Vidal, por lo que confirmó la hipótesis de una red creada para apropiarse de recursos fiscales.
"Llama la atención cómo funcionarios públicos, aprovechando su conocimiento técnico, idearon una maquinaria destinada a favorecer la adjudicación de ciertos contratos. Y es por ello que se dice que hay personas que, en su calidad de jefes de proyecto y evaluadores, completaron las ofertas, realizaron los documentos faltantes, e incluso contrataron a los propios desarrolladores del ministerio para elaborar trabajos que estaban a cargo de una empresa", comentó.
Asimismo, el tribunal estableció que existen "indicios para estimar que aquí había una maquinación destinada a defraudar al fisco. No es casual que las ofertas estuvieran incompletas. No es casual que las personas se comunicaran para evaluar".
El caso en cuestión fue destapado el viernes cuando la Brigada Investigadora de Delitos de Lavado de Activos de la PDI allanó distintas dependencias del Gobierno, junto con lograr la detención de más de una veintena de personas; seis funcionarios del Minvu y 13 civiles.
Según se detalló, los imputados habrían favorecido adjudicaciones a empresas con contratos con el Minvu, a través de licitaciones, por un monto que alcanzaría entre los $800 y $900 millones, según dijo el ministro de la cartera, Cristián Monckeberg, quien además afirmó que la red también involucraría a los ministerios de Educación y de la Secretaría General de la Presidencia.
Entre los aprehendidos se encuentran funcionarios que participaban directamente del proceso de adjudicaciones, como encargados del área de informática, jefes de proyecto y contrapartes técnicas o evaluadores técnicos, por lo que se les imputa los delitos de cohecho, fraude al fisco y lavado de activos.
