SANTIAGO.- Desde enero de este año, el fiscal jefe de San Antonio, Osvaldo Ossandón, está designado como el persecutor especializado para investigar delitos de incendio en las provincias de Valparaíso y San Antonio.
Así fue como recayó en él las indagatorias por incendios forestales en la región ocurridos a lo largo de este 2019 en Quintay, Curauma, Rodelillo, y ahora Rocuant, los que a su vez han implicado cientos de afectados.
El último de ellos se generó en vísperas de Navidad, el recién pasado 24 de diciembre, en el cerro Rocuant, y suma a la fecha 245 viviendas afectadas y más de mil damnificados.
En terreno, y a la par de los detectives de la PDI, Ossandón ha dirigido diligencias e informado de la situación a los medios. Hasta el momento, aseguró, la idea de que este último siniestro se generó de manera intencional "es una hipótesis fuerte".
Este año, además de investigar los incendios forestales, Ossandón fue quien formalizó a los 26 rapanuís por la quema del tribunal de Hanga Roa, y el linchamiento de un locatario, imputado por homicidio, causa que también lleva.
Si bien Ossandón es especializado en la investigación de dichos casos, durante el grueso de su carrera en el Ministerio Público, al que llegó en 2003, un año después de su egreso desde la U. de Chile, debió pesquisar delitos de distinta temática.
2003Fue el año en que Ossandón llegó al Ministerio Público.
Al inicio de su carrera, se desempeñó como abogado asistente en la fiscalía Local de Isla de Pascua, y ya entre 2004-2007 como fiscal adjunto especializado en delitos sexuales en San Antonio.
Posteriormente (2007-2011), siguió desempeñándose como persecutor especializado en dicho tipo de ilícitos, pero en Villa Alemana; fiscalía local que finalmente dirigió entre 2011 y 2015.
Luego (2015-2016) trabajó como fiscal adjunto especializado en delitos sexuales en Valparaíso, para los dos años posteriores dirigir la fiscalía local de Casablanca. Fue este año cuando se dejó a su cargo la fiscalía local de San Antonio.
Durante el transcurso de los años debió investigar una errónea entrega de cuerpo en la región -familia veló a otra persona, mientras que su pariente estaba viva-, al igual que una red de tráfico de mujeres en 2006, caso que contó además con el fallecimiento de una mujer, embarazada de tres meses, en España. Era para ir a dicho país por lo que ofrecían millonarios contratos a las jóvenes captadas.
