SANTIAGO.- Una millonaria indemnización deberá saldar la Municipalidad de Talcahuano a una de sus funcionarias por el abuso sexual que sufrió de parte de su jefe directo.
Fue el Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción el que ordenó el pago de $5 millones, además de la obligación de cesar los actos vulneratorios en contra de la kinesióloga de la Dirección de Administración de Educación (DAEM), quien durante 2017 y 2018 fue acosada por superior jerárquico, según se dio por acreditado.
En el fallo, la magistrada Ángela Hernández estableció que el reparo es por el daño moral causado y las dificultades posteriores que desarrolló la mujer para desarrollar sus labores, afectando así el derecho a la integridad psíquica, la vida privada y la prohibición de discriminación.
De acuerdo al escrito, el agresor, quien era el director (s) del DAEM a la fecha del acoso, hacía alusión constante a los atributos físicos de la demandante, además de realizarle requerimientos de carácter sexual, los que fueron rechazados por esta. Producto de ello, se agrega, el hombre se negaba a acceder a todas las peticiones para el programa de trabajo.
Es por ello que el tribunal indicó que "todo este cúmulo de conductas, con a lo menos una denuncia, en contra de mujeres dependientes del mismo personaje, desde el punto de vista laboral, no pueden ser tomadas a la ligera y resultan ser afrentas graves por su condición sexual".
La magistrada indicó que aquello se trata "de un comportamiento solapado que intenta ocultar detrás de supuestas bromas" las intenciones del sujeto, quien "a través de besos ‘corridos', abrazos más apretados de los normales y comentarios soeces, ejecuta una conducta inapropiada y de requerimiento sexual, lo que realiza con personas subordinadas a él, con escasa trayectoria laboral".
"Este patrón de conducta, cínicamente disimulado a través de bromas, contribuye a tener por cierto lo que le ocurrió a la demandante, esto es, que Y.F., su jefe directo, se le insinuaba constantemente de manera sexual, haciendo alusión constantemente a sus atributos físicos, haciéndole propuestas indecentes para luego decir que eran bromas, conductas impropias de una relación laboral", zanjó.
"A través de besos ‘corridos', abrazos más apretados de los normales y comentarios soeces, ejecuta una conducta inapropiada y de requerimiento sexual, lo que realiza con personas subordinadas a él, con escasa trayectoria laboral".
Jueza Ángela Hernández.
La kinesióloga, sin embargo, no sería la única afectada, ya que también hacía comentarios similares hacia otras trabajadoras, dijo la magistrada. Y en esa línea crítico la falta de actuar que a a su juicio tuvo el municipio.
"La municipalidad se encontraba en conocimiento de estas conductas, no solamente por denuncias, sino también porque existía un juicio pendiente. Y solamente iniciado ese juicio anterior, donde efectivamente fue condenado el señor Y. F., la municipalidad optó por iniciar un sumario", dijo en una vocería Hernández, precisando que en dicha indagatoria interna el municipio solicitaba pruebas directas a las víctimas, sin considerar las denuncias aisladas, un fallo pendiente, y que en este tipo de casos "la prueba que tiene el trabajador es una prueba que lo pone en desventaja".
