"Si esta acusación constitucional prospera, lo que se va a hacer es que se va a causar
un grave daño a todas las autoridades que tienen la obligación de cautelar el orden público". Así reaccionó el ministro del Interior,
Gonzalo Blumel, a lo sucedido ayer en la Cámara de Diputados, donde la Sala aprobó la acusación constitucional en contra del intendente de la Región Metropolitana,
Felipe Guevara, la cual ahora pasará al Senado, instancia que definirá definitivamente su permanencia en el cargo.
El libelo contra Guevera, impulsado por la oposición, se funda en la acusación de haber supuestamente transgredido el derecho a reunión, luego de decretada la estrategia de "copamiento preventivo" en Plaza Italia por parte de Carabineros, los días 20 y 27 de diciembre. Denuncia que desde el oficialismo califican de injusta, recalcando que el intendente siempre ha actuado apegado a la ley y la Constitución.
El Gobierno y Chile Vamos han asegurado que, en caso de que esta acusación constitucional prospere, sería una mala señal para los demás jefes regionales del país y temen que esto significa nuevas acusaciones constitucionales a futuro. "¿Cómo usted le va a pedir a los intendentes de todo el país que tomen decisiones en materia de orden público, si por estas decisiones en definitiva, se les acusa constitucionalmente y sin ningún fundamento?", expresó Blumel.
De hecho, según han comentado hace algunas semanas miembros de la oposición, se ha levantado la opción de acusar constitucionalmente a otros intendentes cuestionados por la forma en que han enfrentado las manifestaciones y la manera en que ha actuado Carabineros. Pero hoy, el escenario sería distinto.
Según comentó a Emol el jefe de bancada de los diputados de la DC, Gabriel Ascencio, "lo que ellos (el Gobierno) tienen que entender es que el orden público es responsabilidad de ellos, en su globalidad. Sin el respeto por la lay, sin respeto por la Constitución no es orden público, es abuso, es inseguridad".
"El ministro Blumel no puede subirse al carro de los discursos demagogos porque sé que él está complicado dentro del Gobierno, pero no pretendas ser el más duro de los duros porque no es así no más", agregó.
Dicho eso, el parlamentario aseguró que "en el horizonte cercano" no se ha planteado la opción de una nueva acusación constitucional en contra de un intendente ni de "algún tipo de acción fiscalizadora. No hay, no existe. No está en mis panoramas".
Sí, advirtió, "las reglas están claras para marzo: o se actúa dentro de la ley y se deja de reprimir violando los derecho humanos o si no que se atengan a lo que dice la Constitución".
Por su parte, el diputado Ricardo Celis, jefe de bancada del PPD, señaló, respecto a si hay espacio para un nuevo libelo contra otro intendente, "yo creo que no. Ahora no hay ningún elemento que haga pensar que eso sea extensivo a otro (jefe regional)".
"No vero espacios de momento, porque la situación con Guevara ha sido distinta, porque el punto central contra Guevara se basó en dos cosas: cuando él dice tolerancia cero y cuando dice que va a haber un copamiento preventivo. No he escuchado a nadie más que hable de eso", añadió.
Mientras que desde el Frente Amplio, el diputado Gonzalo Winter (CS), afirmó que siempre habrá asidero para una nueva acusación constitucional "en cuanto haya acto violatorio de derechos humanos y nadie se haga responsable".
Y en esa línea, agregó, "creo que el intendente (Jorge) Martínez (de Valparaíso) es uno que sí puedo decir que se va a discutir. Hay un problema gravísimo sobre lo que es el control de las policías, y lo que aquí ha quedado claro de las acusaciones constitucionales es que no hay autoridad política que esté a cargo de las policías".
En cuanto a la posibilidad de que el intendente Martínez sea acusado, Celis sostuvo que de parte del PPD "solo ha existido de parte de Rodrigo González junto a otros colegas de la Quinta (Región) una molestia expresada públicamente respecto a la mala recepción que tuvo en su momento frente a una persona que sufrió un daño de un ojo".
