SANTIAGO.- "Llega una persona en Metro, transporte público o auto (...) Se encapucha. Pero a esa persona ya la tenemos identificada con cámaras. Va a la barricada, genera problemas con bombas molotov, con piedras, con daños a las policías", decía el intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, a fines de noviembre.
Esa misma semana, la intendencia había instalado cámaras con reconocimiento facial en las calles de Santiago, las que, aseguró, ayudaron a identificar encapuchados. "Ese trabajo, tengan claro que lo estamos haciendo. A esas personas las estamos identificando, las estamos deteniendo y las vamos a dejar presas", dijo.
Este mes, el método volvió a mencionarse cuando la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) anunció una serie de medidas para reforzar la seguridad en los estadios, uno de los dolores de cabeza que preocupan a la entidad particularmente desde el inicio del estallido social, momento en que la violencia se ha recrudecido en los recintos futbolísticos.
"Implementaremos nuevas tecnologías como el examen de reconocimiento facial o análisis biométrico, que ha dado muy buenos resultados en otros países. Contamos con la colaboración directa de Conmebol para sacar este proyecto adelante lo más pronto posible", aseguró el presidente de la institución, Sebastián Moreno. Uno de los países que lo está implementado es Uruguay.
Este miércoles, de hecho, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, presentó una querella contra ocho personas identificadas en los desmanes que terminaron con la suspensión del partido entre Colo Colo y Universidad Católica. "Hace tiempo atrás Colo Colo hizo una inversión importante en lo que significan cámaras de reconocimiento facial y sin esas cámaras hoy nosotros no hubiésemos podido tener el nombre, el RUT, la dirección y todo eso", dijo.
"Ha sido un mérito no sólo de Blanco y Negro, sino que también de Carabineros, porque nosotros le entregamos las imágenes a ellos y ellos se conectan con el Registro Civil y logramos tener, hasta el día de ayer, ocho personas. Pero seguimos buscando las imágenes de todas las personas que nosotros tenemos identificadas, que son 20, y por esas 20 nosotros vamos a interponer todas las acciones legales", añadió.
Pero el sistema, que en Chile ha sido utilizado por municipalidades como la de Las Condes, no cuenta con un apoyo transversal. A fines de 2019, el Consejo para la Transparencia advertía de "niveles de exactitud muy bajos" y señalaba que a menudo hacía que pagaran "justos por pecadores". La herramienta, cuya utilización busca reducir los niveles de violencia y desmanes que se han multiplicado en los últimos cuatro meses, vuelve a abrir una antigua polémica.
Potencial sujeto a regulación
"Es la oportunidad para invertir de verdad en seguridad en los estadios, para ejercer efectivamente el derecho de admisión que permite la ley a quienes generan violencia: control biométrico, torniquetes y reconocimiento facial", afirmó el diputado DC, Matías Walker, a través de su cuenta de Twitter. "No hay que inventar la rueda. Cuestión de voluntad", añadió.
Walker es uno de los diputados que ve potencial en la medida, así como también lo piensa su par PPD, Felipe Harboe. "Robótica, inteligencia artificial, reconocimiento facial e internet de las cosas tienen utilidades muy diversas, pero usan datos como fuente de poder", dijo a fines de enero.
"Las imágenes constituyen datos y por tanto quedan regulados. En el reconocimiento facial, deberá justificar el interés legítimo, finalidad y seguridad de almacenamiento para evitar abusos o afectación de derecho"
Felipe Harboe
En su caso, reconoció que hay todavía un tema por cotejar en la legislación. "Las imágenes constituyen datos y por tanto quedan regulados. En el reconocimiento facial, deberá justificar el interés legítimo, finalidad y seguridad de almacenamiento para evitar abusos o afectación de derechos", añadió en la misma red social.
El tópico, en Las Condes, se ha intentado regular a través de un convenio con la PDI. La institución es la única autorizada a manejar los datos recabados por las cámaras por un tema de "privacidad", como explicó el alcalde Joaquín Lavín. Aun así, se criticó que este sistema no recaba datos solamente de quienes delinquen, sino de todos quienes usan el espacio público.
Se trata de un debate que excede el terreno nacional: la oposición y las críticas han ido apareciendo en otros países a medida que adoptan el sistema. La Unión Europea, de hecho, trabaja en un borrador para regular la inteligencia artificial que se publicaría este mes, y que podría prohibir temporalmente el uso de la tecnología de reconocimiento facial. La misma decisión se tomó en San Francisco, Estado Unidos, el año pasado.
"Incompatible con un Estado de Derecho"
"Las razones que han llevado a la prohibición o moratoria de uso del reconocimiento facial en espacios públicos son claras y compartidas: este tipo de tecnologías entregan al poder político una capacidad ilimitada, desproporcionada e injustificada para identificar, perfilar y vigilar a sus ciudadanas", aseguran María Paz Canales y Pablo Viollier, de Derechos Digitales.
La ONG, que ha trabajado por la protección de los datos de los usuarios, publicó una declaración firmada por ambos —ella, directora ejecutiva, y él, analista de políticas públicas— luego de que se conociera que, como parte del programa "Calle Segura", se anunciara por Mercado Público una licitación para la compra de equipamientos de televigilancia por más de $14 mil millones.
"Aun si fuese capaz de alcanzar su objetivo, las consecuencias en el ejercicio de los derechos de las personas serían irreversiblemente más graves"
Derechos Digitales
Para oponerse al sistema, en Derechos Digitales citan ejemplos internacionales: la policía en Londres reportó que identificó con esta metodología a individuos erróneos en un 92% de los casos, y que en Nueva York la cifra de falsos positivos llegó a 80%. "En nuestro país, el sistema del Mall Plaza resultó en un 90% de casos erróneos (en el periodo de marcha blanca)", dicen. Así, se trataría en primer lugar de una alternativa ineficaz.
Pero la gravedad reside, a su juicio, en que "entrega una capacidad completamente desproporcionada al Estado y le permite ampliar su poder político para identificar a sus ciudadanos en el espacio público". "Aun si fuese capaz de alcanzar su objetivo, las consecuencias en el ejercicio de los derechos de las personas serían irreversiblemente más graves", aseguran.
A juicio de la ONG, la promoción de estos mecanismos se basa en una "premisa errada": "que no existe la privacidad en el espacio público", lo que, dicen, los tribunales de justicia han refutado. "La privacidad y el anonimato son condiciones necesarias para el ejercicio de otros derechos fundamentales, como la libertad de expresión, el derecho a reunión, petición, la libertad de culto y la no discriminación", exponen.
"La implementación de sistemas de vigilancia masiva genera un efecto inhibidor donde, por miedo a represalias ulteriores, las personas podrían sentirse presionadas a no ejercer sus derechos o ejercerlos de forma limitada", concluyen.
