En febrero del 2013, hace ya más de siete años, la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato (UDI), superaba uno de los líos judiciales que más cuestionamientos había generado hacia su imagen. En ese entonces, la jueza del Tribunal de Garantía de la ciudad jardín, María del Pilar Labarca, decidió sobreseerla por la presunta obtención irregular de sus certificados de escolaridad.
Sin embargo, un nuevo antecedente podría volver a poner sobre la mesa este caso. Se trata de un audio registrado en agosto del año pasado, donde la misma magistrada resuelve inhabilitarse de atender una causa que involucra al municipio viñamarino, debido a la "amistad" que su familia tendría con la familia de Reginato.
"Yo no puedo entrar porque tengo una relación de estrecha familiaridad con la alcaldesa, que es en definitiva quien representa (a la municipalidad). Y eso es un hecho bastante conocido, es una amistad de muchos años, y que se manifiesta por hechos de estrecha familiaridad", declaró Labarca en el registro, conocido esta semana.
No obstante, la jueza no tomó la misma determinación cuando asumió la causa contra Reginato seis años antes.
Ante esta situación, desde la Fiscalía Regional de Valparaíso anunciaron la apertura de una investigación de oficio en contra de la magistrada, "que profundice y esclarezca las circunstancias" de estos hechos.
"Ayer tomamos conocimiento de esa información y la verdad es que nos ha tomado por sorpresa. No existía ningún elemento previo que diera cuenta de esta inhabilidad que plantea la magistrada en el audio que se escucha, y por tanto esa circunstancia, en orden que a ella eventualmente la afecta una inhabilidad que diría relación con causas relacionadas con la Municipalidad de Viña del Mar, no era un elemento conocido al momento que se resolvió el sobreseimiento definitivo respecto a la investigación del año 2013", explicó esta tarde la fiscal Claudia Perivancich.
"Estamos estudiando la posibilidad de presentar acciones criminales contra el fiscal (Claudio Rebeco) y contra la magistrado, por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Estamos viendo si la juez conoció otras causas similares, porque con eso se renovaría el plazo de prescripción".
Javier Gómez, abogado Viña Transparente
La persecutora aclaró que la indagatoria no apuntaría en específico al caso sobre los certificados de escolaridad de la alcaldesa, ya que por el tiempo que ha pasado ya se encontraría prescrito un eventual delito de prevaricación por parte de la magistrada. Entonces, la idea es investigar si Labarca ha actuado en otros casos que involucren al municipio.
"La preocupación que nos cabe es si en este período entre el año 2013 en adelante ha habido alguna intervención de la magistrada en otra investigación que tenga eventualmente relación con la Municipalidad de Viña del Mar. Esto lo digo porque en una obligación que nos compete respecto de actuar con objetividad. Cualquier conducta que pudiese ser constitutiva de delito, en el sentido de que la magistrada hubiese resuelto en contra del derecho en esa audiencia de sobreseimiento de la alcaldesa Reginato, esos hechos estarían prescritos por el transcurso del tiempo", señaló.
Asimismo, agregó que "es necesario establecer si ha existido alguna otra conducta con posterioridad que dé cuenta de una eventual suspensión de la prescripción por la comisión de un delito distinto, como precisamente pudiese ser la intervención en una causa en la que, según sus dichos, se encontraría inhabilitada".
Se estudian nuevas acciones
El audio ha traído consigo múltiples consecuencias, a poco de que comiencen las campañas para las elecciones municipales de octubre. Por lo pronto, el abogado representante de la agrupación Viña Transparente, Javier Gómez -quien también podría postularse como candidato a alcalde-, anunció que están evaluando presentar acciones legales en contra de la jueza Labarca y del fiscal que en ese entonces se hizo cargo del caso, Claudio Rebeco.
"El tema es tremendamente grave porque se pierde la esencia de que todo juez tiene que ser imparcial, sino no administra justicia y tiene claramente intereses comprometidos. Y eso es lo que la ley defiende cuando le impone al juez el deber de inhabilitrse, como lo hizo en la audiencia del 5 de agosto del 2019, cuando pueden haber intereses contrapuestos por alguna de las partes", señaló Gómez a Emol.
A su juicio, en este caso "pueden haber situaciones irregulares, anómalas", y por tanto "estamos estudiando la posibilidad de presentar acciones criminales contra el fiscal y contra la magistrado, por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Estamos viendo si la juez conoció otras causas similares, porque con eso se renovaría el plazo de prescripción".
Por último, Gómez hizo un llamado a la Corte Suprema para que también investigue de oficio la causa, a fin de lograr anular el fallo que sobreseyó a Reginato.
"La única forma es que la Corte Suprema, como tiene facultades correctivas disciplinarias, que inicie una investigación de oficio, sino lo vamos a pedir nosotros, para que se investigue este tema y que eventualmente se deje sin efecto este juicio del 2013", sentenció.
