El fiscal nacional, Jorge Abbott, se refirió este miércoles a la investigación que se lleva adelante en la jurisdicción Metropolitana Oriente por compra y venta de armas, que incluye un fusil AK-47.
El caso quedó en evidencia hace más de una semana, cuando Radio Bío-Bío señaló que los imputados habrían acordado la compra del fusil de asalto de origen ruso con un cargador con 36 balas.
Se hablaba también de abastecer a terceros con miras a marzo, ante una eventual reactivación de la crisis social.
Por las indagatorias en torno a ello se formalizó a seis personas, dos de las cuales quedaron en prisión preventiva.
Ya cuando el Gobierno decidió querellarse en el caso, no invocando la ley de seguridad del Estado como ha ocurrido en otros hechos vinculados a las manifestaciones tras el 18-O, el persecutor nacional señaló que el ejercicio de la facultad de invocar la normativa "corresponde exclusivamente al Ministerio del Interior, al Gobierno, y en consecuencia no nos corresponde calificar esa decisión".
En esa línea, agregó que "lo que sí nos corresponde es investigar estos hechos de mucha gravedad por la naturaleza de las armas que fueron objeto de comercialización".
Los dichos los entregó luego de una reunión en La Moneda con el Presidente Sebastián Piñera, y el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, en la que se abordó la contingencia y los hechos que podrían ocurrir en marzo. Señaló que este viernes se reunirá con los fiscales regionales para discutir las medidas a tomar.
En tanto, esta semana el regional Oriente, Manuel Guerra, señaló a Radio Universo que "se ha especulado mucho" sobre la indagatoria, pero que "nosotros hasta la fecha no tenemos lo que algunos manifestaban como un grupo de ultraderecha que pretendía realizar determinados desmanes o atentados con ocasión de marzo. No tenemos eso (...) Tenemos simplemente delincuencia".
"Ya no hay mayor dificultad
Abbott también abordó la situación interna del Ministerio Público, considerando que hace un par de semanas volvió al cargo el regional de O'Higgins, Emiliano Arias, quien estuvo suspendido por casi ocho meses y contra el que impulsó un intento de remoción, el que terminó siendo rechazado por la Corte Suprema.
"Dentro del Ministerio Público ya no hay mayor dificultad (...) La Corte Suprema por amplia mayoría rechazó esa solicitud y a mí me corresponde acatar la resolución de los tribunales superiores de justicia e instar por el normal funcionamiento de la institución", aseguró.
Sostuvo que "en los últimos meses hemos vividos momentos de gran unidad (...), con espíritu de equipo, con gran colaboración de todos los fiscales regionales, todo el problema de la contingencia".
"Creo pocas veces en la historia del Ministerio Público ha habido mayor unidad que la que ha existido últimamente", concluyó.