SANTIAGO.- Ante la emergencia por el coronavirus, las instituciones de educación superior han debido cambiar la forma en que funcionan y la gran mayoría de éstas actualmente se encuentra impartiendo clases online.
En este contexto, la Superintendencia de Educación Superior emitió una circular con el fin de entregar orientaciones a esos planteles (universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica) y a sus comunidades en estas circunstancias.
En el documento, la entidad señala que la situación que enfrenta el país debido a la pandemia "presenta los elementos que permiten calificarla como caso fortuito o fuerza mayor, ya que se trata de un hecho imprevisible, irresistible y que no puede imputarse a las instituciones, impidiéndoles de forma excepcional y temporal cumplir con su obligación de prestar los servicios educacionales en la forma, condiciones y términos en que fueron originalmente ofrecidos y contratados".
"Sabemos que las condiciones sanitarias han cambiado y que todo el sistema tendrá que adecuarse, mientras sea necesario, a este nuevo estado de excepcionalidad, como ya está ocurriendo", señaló el superintendente de Educación Superior, Jorge Avilés.
Sin embargo, sostuvo que "esto no impedirá que cumplamos con nuestra misión de velar por el buen funcionamiento del sistema y porque se presten los servicios educacionales de la mejor manera posible dada las actuales circunstancias". "Esto quiere decir que, ante la suspensión obligada de las clases presenciales, las casas de estudios deben buscar fórmulas alternativas para cumplir con la entrega del servicio educacional comprometido, en el más breve plazo y con el nivel de calidad adecuado", subrayó.
Flexibilización para suspender estudios y otras recomendaciones
En ese sentido, la circular menciona una serie de medidas que sugiere adoptar a los planteles, incluyendo la "flexibilización de los procedimientos de cobranza respecto de aquellos estudiantes que hayan incurrido o se constituyan en mora, producto del caso fortuito o fuerza mayor"; la "flexibilización de los requisitos reglamentarios para la suspensión y postergación de estudios, para aquellos estudiantes que lo requieran"; y la "creación de procedimientos que permitan la resciliación de contratos de prestación de servicios educacionales".
También señala que las instituciones pueden adoptar "metodologías de enseñanza distintas a las originalmente acordadas, cuando aquello sea posible"; establecer "sistemas de evaluación y de registro de asistencia alternativos, que midan bajo criterios técnicamente asimilables el logro de los conocimientos y el nivel de cumplimiento curricular por parte de los estudiantes"; y modificar o alterar "programaciones académicas, que no signifiquen una prolongación de los estudios mayor a lo razonable".
Precisa además que corresponde a las instituciones "realizar un especial análisis respecto de la alteración de las calendarizaciones correspondientes a actividades prácticas, de titulación y de programas de postgrado, buscándose las alternativas que mejor se adapten a los requerimientos y necesidades de sus estudiantes".
También consigna que "en aquellos casos excepcionales en que una institución se vea imposibilitada absolutamente de prestar el servicio educacional a sus estudiantes", debe informar a toda la comunidad educativa, para que sus miembros "puedan hacer valer sus derechos oportunamente", y ala Superintendencia, para iniciar las acciones que correspondan.
Finalmente, la entidad hace un llamado a los planteles y sus comunidades a "enfrentar esta situación de la mejor manera posible, con una actitud constructiva y de constante diálogo, informándose además de todas las acciones que está implementando el Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría de Educación Superior".
También explica que durante este periodo, la Superintendencia continuará gestionando las denuncias y reclamos, "adquiriendo especial relevancia el rol que la ley le concede como mediadora en los conflictos que puedan suscitarse".
