El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, llamó a los parlamentarios de Chile Vamos a aprobar el proyecto de ley que concede un indulto conmutativo a una parte de la población penal, para que puedan cumplir su condena en sus hogares en el marco de la emergencia por la pandemia de coronavirus.
La iniciativa ya se discutió en el Congreso, sin embargo, no pudo convertirse en ley debido a que los legisladores oficialistas rechazaron uno de sus artículos acusando discriminación ya que no se incluye a los condenados por delitos de lesa humanidad. Incluso algunos de ellos acudieron al Tribunal Constitucional.
Es por eso que el Ministerio de Justicia anunció ayer que presentarán un veto (aditivo) presidencial con el fin de que ahora sí se apruebe, pero también informaron que pondrán suma urgencia al proyecto de ley humanitaria que concede indultos incluyendo a este grupo de presos.
En ese sentido el ministro del Interior aseguró que es "urgente" que la próxima semana se apruebe el veto presidencial sobre la ley relacionada a la crisis sanitaria haciendo un especial llamado a su sector político.
"Lo conversamos con los presidentes de los partidos, con los parlamentarios, con los jefes de bancada. Yo les pido que apoyen esta propuesta que es necesaria porque efectivamente tenemos que cuidar la salud de toda la población y eso incluye a todas las personas y todos los ciudadanos, incluyendo a quienes están privados de libertad y por lo tanto hay personas que están en riesgo sanitario: adultos mayores, adultos mayores que están en situación compleja de salud, mujeres que están embarazadas", dijo mencionando a parte de quienes serían beneficiados con esta iniciativa.
El jefe de gabinete explicó que el Gobierno debe asegurarse de que se aplique la "necesaria justicia". "Porque yo sé que esto genera a muchas personas, mucha molestia ver este tipo de medidas. Pero la necesaria justicia que tiene que haber, que es el cumplimiento de las penas, también vaya de lado con las consideraciones humanitarias y sanitarias que se dan en este caso, que son personas que por su situación de riesgo frente a la pandemia es mejor que cumplan con arresto domiciliario y no necesariamente en las cárceles".
Ley humanitaria
Asimismo y pese a las críticas que se han generado en la oposición donde se ha acusado "aprovechamiento", el ministro Blumel explicó que se pondrá urgencia al proyecto de ley humanitaria, que ingresó en diciembre de 2018 al Congreso, debido a que es "un compromiso de campaña y está en el programa de Gobierno".
"Ha sido apoyado por personalidades transversales, como por ejemplo en su momento José Zalaquett, que es una figura emblemática de los Derechos Humanos o por el padre Fernando Montes que también es una persona muy autorizada en el tema", comentó.
"Es una discusión que me parece que el país puede dar, creo que la debe dar y forma parte de aquellas cosas que tenemos que debatir"
Gonzalo Blumel
En la misma línea el titular de Interior señaló que "también es un tema que forma parte de la discusión de los Derechos Humanos de que en ciertas circunstancias, en ciertos momentos, personas condenadas por delitos gravísimos, repudiables absolutamente reprochables, como los delitos de lesa humanidad, personas que están gravemente enfermas y que están terminales o que están postrados, puedan sustituir su pena total de cárcel por arresto domiciliario y eso es una discusión legítima, democrática que está en el Congreso y que la vamos a resolver democráticamente donde corresponden, en el Congreso".
A juicio del ministro "es una discusión que me parece que el país puede dar, creo que la debe dar y forma parte de aquellas cosas que tenemos que debatir", sostuvo recalcando que ambos proyectos toman materias distintas.
"Una cosa tiene que ver con la pandemia y otra con el debate legítimo, que formó parte de los compromisos de campaña, que está en el Parlamento, que incluso personas con una muy distinta trayectoria en el mundo de los Derechos Humanos han señalado que pese a lo difícil, pese a los absolutamente repudiable y reprochable de esos crímenes, es un debate legítimo que se puede dar en democracia", indicó.