El presidente del Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada.
El Mercurio/ Archivo.
En medio de la controversia que se ha generado por la falta de datos sobre el coronavirus desde el Gobierno, el Consejo para la Transparencia (CPLT) propuso este jueves que se realicen cambios a la legislación actual sobre la materia, a raíz de la contingencia por el covid-19.
A través de una declaración pública, el presidente del organismo Jorge Jaraquemada, junto a los consejeros Gloria de la Fuente, Marcelo Drago y Francisco Leturia, expresaron que ayudar al acceso a la información, "ha sido el sentido y alcance de una serie de oficios que el Consejo ha enviado al gobierno central con propuestas para perfeccionar los procedimientos que se llevan a cabo para dar publicidad a las decisiones públicas, facilitando el acceso a la información de todas las personas, incluidos los organismos técnicos y organizaciones de la sociedad civil".
Así, señalaron que "el Consejo planteó -por medio de oficios- una serie de requerimientos y recomendaciones para poner a disposición de la ciudadanía, de manera fácil y expedita -y bajo los principios de datos abiertos- información relacionada con la pandemia que se considera relevante en el contexto actual".
Con esto, recordaron que "es importante enfatizar que, dado que se encuentra vigente un Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, es obligación de las autoridades competentes dar estricto cumplimiento a su deber de poner en conocimiento de la ciudadanía todas aquellas decisiones que signifiquen restricciones o limitaciones al ejercicio de los derechos fundamentales que correspondan y junto con ello, los fundamentos que les sirvan de sustento".
En esa línea, señalaron que "es opinión de este Consejo que, tan relevante como las acciones eficaces y oportunas en el manejo de la pandemia desde el punto de vista sanitario, es su legitimidad ante la ciudadanía. Para lograr este objetivo se requiere de máxima transparencia, pues ella contribuye a fortalecer la credibilidad, confianza y adhesión ciudadana a las medidas adoptadas por la autoridad".
Y agrega que consideran "necesario ir incluso más allá de las obligaciones que dicta la ley y sugiere a los organismos públicos asumir una transparencia de carácter proactivo sobre las decisiones públicas que se adoptan para manejar la pandemia y de los fundamentos que se tuvieron a la vista para adoptarlas".
"Esta actitud daría mayor tranquilidad a todos los ciudadanos y les permitiría entender, adherir y colaborar, de mejor manera, con esas decisiones", recalcan.
A juicio del Consejo, "dicha práctica de transparencia proactiva debiera, además, replicarse en las distintas decisiones de la autoridad sobre efectos derivados del manejo de la pandemia tanto en el ámbito económico como social, en coherencia con la reciente resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)".
De este modo, el organismo expresó que "considera relevante reflexionar sobre los alcances de la ley vigente ya que, si bien ofrece instrumentos de protección a derechos fundamentales que esta institución ejerce con rigor, la situación actual de control de la pandemia nos invita a repensar y fortalecer su alcance".
"En este marco, instaremos a que recomendaciones de transparencia proactiva como las planteadas tengan carácter de obligaciones de transparencia activa susceptibles de supervisión, aprovechando para ello la actual discusión de perfeccionamiento legislativo en que se encuentra la Ley de Transparencia vigente", precisaron.
