El ministro de Justicia y DD.HH., Hernán Larraín, presentó este martes un plan de acción para enfrentar el escenario judicial que se abrirá una vez que concluya el estado de excepción provocado por la pandemia del coronavirus, el cual presentará una eventual sobrecarga debido a la suspensión de más de 93 mil causas por las cuarentenas.
La propuesta del secretario de Estado implica la creación de dos grupos de trabajo: Uno que abordará medidas en el ámbito penal y otro que entregará soluciones en el ámbito de la justicia civil, comercial, laboral y de familia. En ambos casos, se elaborarán propuestas en un plazo no superior a los 45 días.
Al respecto, Larraín, explicó que "los antecedentes que tenemos, y que hoy día ya se está produciendo,
hablan de una suerte de congestión previsible hacia el futuro, por la cantidad de actuaciones judiciales que se han suspendido y que se van a reactivar, una vez tengamos el pleno restablecimiento de nuestro país".
"Tenemos ideas que ya se están conversando para resolver en lo Penal, como modificaciones en los procedimientos abreviados, los cambios en las formas de efectuar los términos probatorios, qué hacer cuando se produce la anulación de los juicios para ver si hay que repetir todo el proceso o podemos hacer algo más simplificado o parcial", indicó.
Asimismo, en el ámbito civil, el titular de Justicia destacó que "esta es una oportunidad para repensar ciertas materias como, incorporar instancias como las mediaciones o trámites conciliatorios que nos hagan más rápida y más efectiva las decisiones judiciales por vías no necesariamente tan formales y estructuradas".
Cabe recordar que la Ley 21.226, impulsada por el Gobierno, permitió suspender audiencias, prorrogar plazos y dar atribuciones a la Corte Suprema para adaptar los procesos judiciales a la realidad de confinamiento y restricción de movimientos que ha exigido la pandemia.
Trabajo durante la pandemia
Según cifras conocidas durante la Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia Penal, en los Tribunales de Garantía, si bien se han seguido realizando actuaciones durante este periodo, pese a los confinamientos, la cifra de audiencias no realizadas –desde el 16 de marzo hasta el 31 de mayo– supera las 90 mil causas.
En el caso de los Tribunales Orales en lo Penal, las audiencias pendientes alcanzan las 3.663, en igual periodo. Por ello, la comisión acordó ayer la conformación un grupo de trabajo, compuesto por el Presidente de la Corte Suprema, el Fiscal Nacional, el Ministro de Justicia, el Defensor Nacional y el Colegio de Abogados.
Asimismo, incorporará a dos expertos y consultará a centros académicos y asociaciones de las diversas instituciones.
En cuanto a la justicia civil, comercial, laboral y de familia, el ministerio propuso a la Corte Suprema una mesa de trabajo conjunta. Ésta fue aprobada el 2 de junio, designándose a la ministra Rosa Maggi para que participe en la instancia.
La metodología para elaborar este plan considerará la realización de reuniones participativas con expertos y actores del sistema, y levantamiento de datos e información del sector.
Para esto, la cartera junto al Poder Judicial, constituirán una mesa de trabajo durante junio, que será integrada por el Consejo de Defensa del Estado, el Colegio de Abogados y las Corporaciones de Asistencia Judicial, como también invitará a participar en audiencias a otros expertos, centros académicos, jueces y asociaciones gremiales de las instituciones vinculadas, quienes deberán entregar una propuesta en máximo 45 días.
