El Presidente Sebastián Piñera promulgó este jueves la ley que aumenta las sanciones para quienes infrinjan las medidas sanitarias en medio de la pandemia, medida que fue despachada ayer por el Congreso.
De esta forma, el Gobierno evitó la ofensiva opositora que buscaba llevar la iniciativa al Tribunal Constitucional (TC) y para lo cual el diputado PS Marcos Ilabaca, había reunido las firmas necesarias e ingresado hoy un requerimiento ante el organismo.
Iniciativa a la cual se adelantó ayer La Moneda, enviando a la Contraloría cerca de las 18:43 horas el oficio promulgatorio, el cual dejó la acción del diputado fuera de plazo.
Pese a los esfuerzos de las autoridades, el Mandatario recordó que nada será suficiente sin la colaboración de las personas.
En esa línea, recordó las distintas medidas que se han impulsado a la fecha para fiscalizar el cumplimiento de las cuarentenas, como la restricción de permisos, aumentar el control y la extensión del estado de excepción de catástrofe por 90 días.
"Pero hemos también tomado otra medida que fue un proyecto de ley que fue aprobado ayer por el Congreso y que también está promulgado y próximo a entrar en vigencia. Este proyecto de ley lo que busca es endurecer las penas para aquellos que no cumplen con las medidas sanitarias o las cuarentenas", explicó.
Y agregó que esto es "para que haya un castigo que sea ejemplificador, para decirle fuerte y claro que no tienen derecho a comprometer la salud y la vida de todos los demás por su conducta irresponsable y egoísta".
Con ello, detalló que "esta ley aumenta las penas hasta 3 años de cárcel en los casos más graves y hasta 5 años de cárcel si la persona actúa en forma maliciosa, cuando sabiendo poner en peligro o riesgo la salud de los demás".
"También eleva las multas por infracción hasta $12 millones en los casos más graves e incrementa las sanciones a quienes organicen eventos masivos, violando las reglas sanitarias o la cuarentena", acotó, añadiendo que se establece además un trabajo comunitario para los infractores, que les gustaría que fuera en beneficio de los centros de salud.
Por otra parte, indicó que también se establece que quienes obliguen a una persona a trabajar, infringiendo las normas sanitarias o las cuarentenas, arriesgan penas de cárcel de hasta 3 años y multas de hasta $ 10 millones, en los casos más graves.
