Martorell explicó que cuando las penas llegaban hasta los 540 días, "era muy difícil solicitar la prisión preventiva, incluso cuando hubiese reincidencia".
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SANTIAGO.- La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, destacó la promulgación de la ley que endurece las sanciones a quienes infrinjan las cuarentenas decretadas por las autoridades durante la pandemia, y dijo que "era necesario perfeccionar la normativa penal, porque estamos enfrentando una situación de catástrofe que no estaba contemplada".
La norma anterior (el artículo 318 del Código Penal) contemplaba penas privativas de libertad que iban de los 61 a 540 días. Mientras que ahora, con el cambio legal, se establecen sanciones que pueden llegar hasta los 3 ó 5 años de presidio, además de multas. Las penas más altas están dirigidas, por ejemplo, a quienes realicen fiestas, no cumplan la norma sanitaria sabiendo que están contagiados o empleadores que obliguen a trabajar presencialmente a personas que estén en cuarentena o aislamiento obligatorio.
Martorell comentó, en entrevista con radio Imagina, que el artículo que había era "bastante antiguo, que no se había utilizado prácticamente nunca" y que, "en esta situación de pandemia, se ha recurrido a él, pero la verdad requería una modificación más aguda frente a la situación que estamos viviendo hoy día".
Explicó que con la anterior normativa, "al establecer sanciones que llegaban hasta los 540 días, era muy difícil para el Ministerio Público poder solicitar la prisión preventiva, incluso cuando hubiese reincidencia". "Hemos visto casos en que, en reincidencia, el Ministerio Público pide la prisión preventiva o el arresto domiciliario y se ha otorgado, pero también tenemos casos, como ayer en Viña del Mar, de una persona reincidente que fue dejada en libertad", apuntó.
Por eso, sostuvo que "este artículo viene a perfeccionar esa situación y darle más oportunidad a los persecutores, como el Ministerio Público, de poder exigir prisión preventiva y también, si lo estiman pertinente dada las circunstancias, arresto domiciliario".
En el caso de los empleadores que obliguen a trabajar cuando no deben hacerlo, aclaró que las responsabilidades penales son individuales, por lo que debe haber una investigación, que determine "quién es el o los culpables". "Aquí puede existir una cadena de responsables: Si a mí, como funcionaria, me dicen 'usted tiene que obligar a las personas a venir a trabajar', aunque sea una orden de mi jefatura, tengo que estar consciente que yo estoy cometiendo un delito también. Y por otro lado, la jefatura que está ordenando esto está cometiendo derechamente un delito, sea el propietario de la empresa, el gerente general, sea el que sea", subrayó la subsecretaria.
Respecto de las críticas de la oposición a que el Ejecutivo no le haya puesto la misma celeridad a otros proyectos, como el que suspende el corte de servicios básicos durante la pandemia, Martorell sostuvo que "hoy día es clave avanzar con toda la rapidez y la urgencia posible en todas las medidas, en las medidas restrictivas, pero también, con la misma fuerza y rapidez, en las medidas que buscan llegar a las personas con ayuda social; es igualmente importante".
Agregó que "ahí la urgencia es para todos, incluido el Congreso, (ya que) a veces los debates se pueden demorar mucho también".
