La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, y la seremi metropolitana de Salud, Paula Labra, llegaron hasta el j
ardín infantil y sala cuna que funcionaba sin autorización y con niños en su interior en Maipú.Ahí constataron las condiciones en que operaba el recinto, el que había cuatro menores de edad y tres funcionarias. Al poco rato llegó la sostenedora del recinto, quien entregó su versión de por qué estaban funcionando.
"Sostenedora mostró certificado emitido por la empresa Fruna que no tiene validez alguna. Certificado dice que se autoriza la apertura de este jardín justificando que Fruna es esencial, porque elabora y reparte alimentos, pero eso no tiene justificación para que este jardín se encuentre abierto. Todos son hijos de funcionarios de la empresa", denunció la autoridad sanitaria.
Martorell complementó que "lo que señaló la sostenedora del jardín para decir por qué estaba funcionando, es un certificado de la empresa Fruna que señala que les da autorización para funcionar. No existe ese tipo de certificados, no tiene ningún tipo de relación. La empresa de ningún tipo está autorizada a contradecir una normativa sanitaria como es el no funcionamiento de jardines infantiles ni tampoco de establecimientos educacionales".
Es por esto que un equipo de la seremi de Salud se dirigió hasta la empresa Fruna a fiscalizar lo sucedido y se decretó la detención tanto del representante legal de la distribuidora, como de la sostenedora del jardín.
Luis Pablo Cortés, fiscal jefe de Maipú, sostuvo que "Ministerio Público ha implementado la investigación en la línea de la eventual comisión del nuevo delito establecido en la ley promulgada recientemente que afecta a los empleadores que han forzado la presencia de trabajadores en actividades no esenciales".
Agregó que "se ha dispuesto la detención de la sostenedora y se está evaluando la identificación de los responsables de la empresa que hizo trabajar a las madres de estos menores".
Además, Labra denunció que no se cumplían las condiciones sanitarias mínimas. "Funcionaban sin mascarilla y sin distanciamiento social".
"Fruna y la sostenedora puede enfrentar penas privativas de libertad más multas que pueden en materia penal llegar a los 2 millones y medio", explicó Martorell. Y Labra complementó que "autoridad sanitaria levanta sumario que puede llevar a una multa de 50 millones de pesos".
